El Congreso mexicano no puede seguir como está. En un País que concentra demasiado poder en el Ejecutivo Federal, un Legislativo desprestigiado no puede ser un contrapeso eficaz. El descrédito de las Cámaras se explica por tres percepciones generalizadas: 1) corrupción (“moches”), dispendio (sobresueldos, seguros privados y viajes), opacidad en el manejo de los recursos propios y del presupuesto de egresos (compras y obras innecesarias, discrecionalidad en asignaciones); 2) desconexión entre la tarea parlamentaria y la solución de los problemas más apremiantes de la sociedad; 3) alejamiento de la base social y connivencia con las élites (como escribí en mi libro más reciente “La Cuarta Socialdemocracia”—Catarata, Madrid, 2015—, la gran asignatura pendiente de la democracia es separar el poder político del poder económico).

En esas generalizaciones, atizadas por una crítica mediática que se ceba en los legisladores ante su imposibilidad de criticar al Presidente, paga una minoría de justos por la mayoría de pecadores. En la 63 Legislatura hubo acciones individuales contra los excesos (algunos diputados rechazamos el seguro médico y yo, además, renuncié al fondo de “moches” y a dos compensaciones mensuales), y se formularon propuestas para responder a los reclamos sociales en torno a la representatividad democrática. Ninguna de estas prosperó. En aras de la austeridad electoral se presentaron varias iniciativas que se dictaminaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, entre ellas la de Pedro Kumamoto (#SinVotoNoHayDinero) y la mía (#VotoBlanco), que en conjunto reducían a la mitad el financiamiento público a los partidos, pero la bancada del PRI rompió el quórum y no pudo votarse.

Un tema central fue la conformación del Legislativo. Con el propósito de reducir el número de legisladores y replantear los métodos de elección, unos optaron por disminuir los asientos de proporcionalidad y otros los de mayoría relativa. La discusión, más allá del facilismo de criticar a los impopulares plurinominales, se puede resumir así: unos argumentaron que el presunto beneficio de tener representantes electos por distrito o estado justificaba la sobrerrepresentación y la subrepresentación, mientras otros defendimos la conveniencia de tener sólo listas (abiertas, no cerradas como ahora) para igualar el porcentaje de sufragios y el de curules o escaños. Tangencialmente puse sobre la mesa (me santiguo al decirlo) una idea que si bien vuelve inviable la compra del voto desagrada a las nuevas y libertarias generaciones, la de darle eficacia a la obligatoriedad del sufragio. Nada de esto se llegó a votar.

¿Qué reformas impulsará en este ámbito Andrés Manuel López Obrador? Ya anunció una que a mí me parece positiva y que tiene consenso: recortar la mitad del subsidio a la partidocracia. Los partidos reciben demasiado dinero y se deben redefinir las prioridades en el gasto público para combatir los rezagos y carencias de nuestra sociedad. Pero habrá que ver qué plantea el próximo Gobierno en la agenda de cambios al Congreso, donde sí hay discrepancias. López Obrador no es partidario del parlamentarismo en ninguna de sus aproximaciones y no recurrirá al gobierno de coalición sino al presidencialismo tradicional. Por eso cabe preguntar: ¿qué función real quiere el próximo Presidente de México que tengan el Senado y la Cámara de Diputados? Y es que los pilares institucionales sostienen y estorban. ¿Los verá como instancias para enriquecer su proyecto alternativo de nación o como espacios de trámites engorrosos a cumplir? Para sus antecesores, y para él mismo como jefe de Gobierno del D.F., han sido lo segundo. Pero la complejidad puede cambiar las cosas.

Los mexicanos no hemos sabido qué hacer con el Congreso y muchos creen que estaríamos mejor sin él. Yo estoy convencido de que debemos rehacerlo, no deshacerlo. Ojo, las mejores invenciones para equilibrar el poder, las que surgieron con la democracia, son contraintuitivas. Como diría con terrible incorrección política Ibsen: la verdad no depende del número de quienes la profesen.

@abasave