El día de hoy estaré en los Diálogos del Centro Carbonell para compartir en línea algunas reflexiones, desde mi práctica jurisdiccional, sobre la situación actual de la justicia local. Sin duda, los jueces locales representamos, por cantidad, el mayor reto de demanda de justicia que existe en forma cotidiana en el Estado mexicano.

Basta ver las estadísticas del Inegi para constar los miles de asuntos que, por año, se reciben en materia civil, familiar, mercantil, penal y próximamente laboral. Los tribunales locales están rebasados. No solo porque falta personal, infraestructura y modernización judicial sino también porque necesitamos un nuevo perfil de juzgador.

En los últimos meses me he dedicado a mi función jurisdiccional. Ha sido una gran experiencia después de la academia. Cada semana representa un reto importante: estudiar los casos de una manera honesta, profesional, objetiva e independiente. Los asuntos no solo plantean cuestiones relevantes de interpretación de normas jurídicas sino de verificación razonable de hechos. Al final, la ciudadanía nos pregunta si una persona merece castigo penal, si la víctima tiene reparación, si el menor debe ser protegido en su interés superior, etc.

Lo más valioso que tiene la persona es su dignidad. Los jueces locales somos la primera trinchera a la que se acude. Los jueces no somos personas sabias e imperfectas; cometemos errores. Pero nuestra función judicial, dice la constitución, debemos desempeñarla con excelencia. ¿Cómo se logra la excelencia jurisdiccional?

En primer lugar, se requiere justicia rápida. Justicia sin celeridad es una justicia inoportuna. Los jueces locales, en efecto, están saturados de demandas. Pero al margen de la capacidad de respuesta que exigen más recursos, infraestructura y una nueva forma de impartir justicia con la ayuda de las nuevas tecnologías, los jueces deben cambiar el chip del formalismo innecesario, inútil o desproporcional para el debido juicio. El tortuguismo judicial, en cierta medida, deriva de una concepción tradicional que obstaculiza la accesibilidad.

Los jueces tenemos que ser muy autocríticos. No podemos decirles a las partes que su asunto, después de largos meses de espera, es improcedente porque los plazos fueron extemporáneos. No podemos decirle que falto una formalidad innecesaria que podía subsanar antes. La improcedencia debe resolverse de manera rápida (son cuestiones simples) y la procedencia, por el contrario, debe siempre privilegiarse en breve plazo para resolver el fondo que se reclama.

En segundo lugar, necesitamos justicia con calidad. Hoy los problemas sociales plantean no solo una gran relevancia por los contextos de desigualdad e injusticia que vivimos; también una mayor complejidad por la serie de normas, nacionales e internacionales, que los jueces debemos observar para tutelar derechos.

Las sentencias deben ser claras, sencillas y comprensibles. Pero sobre todo deben ser rigurosas. Los escrutinios exigen una mayor motivación judicial. Debemos abrirnos a la deliberación pública de audiencias de expertos, de sociedad civil, de víctimas o de comunidades internacionales. El juez no es el perito de peritos que todo lo sabe y todo lo ve. Debemos abrir el juicio público y razonar de manera muy estricta nuestras decisiones. La calidad de la justicia depende de jueces muy profesionales.

Finalmente, la justicia debe ser sensible. Cada caso representa la aspiración justa que reclama una persona para defender su honor, su libertad o su patrimonio. Sus derechos son los que están en juego. La perspectiva de derechos humanos, sin duda, es el primer deber jurisdiccional que nos impone el artículo 1º de la constitución. No se trata de ser un justiciero como el llanero solitario. Se trata de entender los compromisos que la humanidad se ha dado para proteger la dignidad humana y protegerlos de manera judicial, con rigor y coherencia para que las razones públicas aceptables de una sentencia sean el patrimonio común de una comunidad.

LA REFORMA JUDICIAL

Como todo problema social, exige una reforma legal. En gran medida la crisis que enfrentamos los tribunales locales se debe a una organización y funcionamiento que no son dignas del siglo XXI.

La reforma judicial federal es un tema del congreso federal. Luego deberán seguir, sin duda, los cambios que los poderes judiciales locales requieren para una nueva impartición de justicia. La que merece la sociedad: con rapidez, con calidad y con una gran sensibilidad.