Estudios como la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, desarrollada por México Unido contra la Delincuencia, Consulta Mitofsky, y el estudio Ocho Delitos Primero, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, concluyeron a lo que muchas personas, de manera empírica, piensan de su cotidianidad: que el secuestro es el delito que más preocupa a los mexicanos y que genera la mayor percepción de inseguridad. 

Otro estudio relevante y que nos brinda información de gran valor es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), presentada en septiembre de 2016, la cual informa que en 2015 se registró una tasa de 53 secuestros por cada cien mil habitantes. 

Por su parte, los datos oficiales de denuncias que provee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados, reportan una tasa de 1.26 secuestros por cada cien mil habitantes para 2015 y de 0.96 para los primeros ocho meses del 2016. Este indicador, de mantener su tendencia podría terminar el año por encima de la tasa de 2015. 

Vivimos en una situación compleja que nos obliga a realizar un recuento histórico en donde podemos identificar por lo menos tres crisis alrededor del secuestro en los últimos 25 años: a finales de los 90, a finales de la primera década del 2000 y la de 2013 que llegó a tener los registros más altos de la historia en este delito. 

Las respuestas institucionales a estas crisis han sido variadas, lo cual evidencia que no se guían por un plan a largo plazo, sino que se toman medidas según el contexto que van de la confrontación con los criminales, a intentos de la federación de construcción de instituciones, o creación de normas jurídicas que privilegian los castigos draconianos. Por supuesto, los resultados han sido inciertos.

En 2014, como respuesta a la crisis de 2013, con el objetivo de desarrollar un convenio de colaboración efectiva entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de las entidades federativas, así como supervisar las actividades de las unidades especializadas en el combate al secuestro (UECS) y el fin de las aportaciones federales destinadas a este rubro, arrancó el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), 

Pese a que julio de 2016 ha sido el mes con el máximo registro de secuestros en el año, no podemos negar que a nivel nacional se percibe una baja en los índices de averiguaciones previas o carpetas de investigación alcanzados en 2013, sin dejar de lado que entidades como Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, aún se encuentran sumergidos en una grave crisis que no parece ceder. 

Es evidente que, en cuanto a la incidencia del delito de secuestro, estamos lejos de la tasa 0, no es un objetivo ilusorio, ya que hay experiencias internacionales en donde esto se ha logrado. En nuestro País y tras más de veinte años de crisis constantes, ya deberíamos haberlo logrado.

¿Qué falta entonces? Desde el análisis especializado y constante que hemos hecho en esta materia en el Observatorio Nacional Ciudadano, podemos enumerar los siguientes factores:

1.- Seguimos sin reconocer el problema ni conocer los alcances del mismo.  La CONASE ha desarrollado un gran trabajo por tratar de hacer un mapa nacional de dónde y cómo sucede el delito.

 Sin embargo, la debilidad de los registros oficiales difícilmente permite hacer un diagnóstico exhaustivo. Pese a lo que diga la ley, a nivel local, se sigue registrando sólo el delito extorsivo (aquel donde la víctima es privada ilegalmente de la libertad por más de 24 horas) y las otras formas de este delito, como el secuestro exprés, se clasifican como otros delitos. 

Un caso claro es la carencia de datos y la consistencia en opacidad que las autoridades estatales mantuvieron en Colima, estas son evidencia de lo que también sucede con otras entidades que inician por no reportar adecuadamente el delito y terminan por dejarlo de combatir.  La misma situación mantienen autoridades de Nayarit. 

Otra faceta de este problema es la enorme “cifra negra” alrededor a este delito, que podría alcanzar cifras del 93.7% según estimaciones a partir de datos de ENVIPE 2016. 

“Cifra negra” se refiere a los casos de delitos no denunciados a la autoridad por ciudadanos temerosos de encontrar autoridades en contubernio con delincuentes, de ser revictimizados por las autoridades, de no ser protegidos por la ley o, peor aún, casos de delitos denunciados por las víctimas a la autoridad y que la autoridad desestimó, no investigó o clasificó mal.

2.- Desinterés de las autoridades por fortalecer el Estado de Derecho.  La actuación discrecional, la falta de respeto al debido proceso, los procesos judiciales desligados del interés por la justicia, las constantes violaciones a los derechos de víctimas e imputados y los posibles casos de corrupción, impiden el acceso a la justicia y la posible reparación del daño a las víctimas, genera impunidad, debilita la credibilidad en las instituciones, agrede directamente la razón de ser de un estado democrático. 

Policías que actúan tal vez con buenas intenciones, pero desconocen los protocolos de actuación, ministerios públicos que no saben construir casos, jueces que juzgan de manera discrecional, todos casos alejados del debido proceso, da como resultado que los delincuentes queden libres y sigan delinquiendo. 

Los motivos van desde la carencia de capacitación, hasta la capacitación hecha de manera exprés no focalizada en los procesos de aprendizaje, la carencia de recursos, pasando por la falta de colaboración entre autoridades que a veces pertenecen a la misma institución de procuración de justicia. 

3.- Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS) que privilegian la negociación del pago de rescates sobre la inteligencia para prevenir el delito y el desmantelamiento de las bandas. Quienes hemos sido víctimas indirectas de este delito queremos una cosa: nuestro ser con vida e intacto; de esta manera es natural que, ante la solicitud de un rescate, las víctimas estemos dispuesta a pagarlo. 

Sin embargo, el trabajo de las unidades, guiadas por el interés en preservar la vida e integridad de las víctimas, debe ser en prevenir que éste se cometa y en desarticular completamente a las bandas, persiguiendo los recursos ilícitos y llevando hasta la justicia a todos y cada uno de los participantes.

4.- Trabajo centrado en la reacción más que en la prevención. Pese a todo lo dicho, es fundamental entender que una unidad antisecuestro o una institución de justicia, sólo atienden los efectos de un problema: un tejido social deshilachado, la falta de un piso parejo en materia de oportunidades de desarrollo dentro de la ley. 

Si no queremos más delincuentes en el País, indudablemente debemos aplicar consistentemente los castigos con miras a disuadir la conducta delictiva, al tiempo que sociedad, empresarios, medios de comunicación y autoridades construyamos ciudades donde el respeto a los derechos del otro guía la conducta individual, procesos educativos accesibles para todos, de calidad que permitan la construcción de conocimientos, habilidades y aptitudes de respeto de la ley y que permitan el ingreso a un mundo del trabajo con salarios adecuados y prestaciones de ley. 

Sin educación, economía, salud, desarrollo social, cultura e innovación, seguiremos combatiendo a nuevas generaciones de delincuentes en lugar de hacer crecer al País y su población.

5.- Combate incipiente a la corrupción. Difícilmente los procesos de justicia estarán centrados en las necesidades de la sociedad si quien procura o administra la justicia está en colusión con los delincuentes. Difícilmente los recursos públicos, derivados del pago de nuestros impuestos, serán usados con eficiencia, responsabilidad y honestidad si quien los administra carece de integridad profesional y personal. 

Difícilmente la calidad de la educación, el acceso a un mundo del trabajo, donde las personas seam tratadas con dignidad y sus derechos respetados y protegidos, será posible si las autoridades son omisas y corruptas y la sociedad es pasiva, tolerante o promueve y premia la corrupción.

Dicho de otra manera, es hora de que erradiquemos el secuestro en México a través de la construcción de indicadores de análisis y de inteligencia, sustentada en información veraz, transparente y oportuna que rinda cuentas a la sociedad sobre las acciones de las instituciones. 

También que se fortalezca la aplicación y el respeto de la ley de manera consistente y sin distingos, que se privilegie la prevención sobre la reacción al delito, que se genere un sistema virtuoso donde la sociedad en su conjunto busque la igualdad de oportunidades de desarrollo dentro de la ley, que se promueva la integridad personal y la cultura de la legalidad como base de la actuación de todos los integrantes del colectivo social.

Es momento para que existan sanciones observables y tangibles para gobernadores y procuradores que no asuman la responsabilidad de combatir el secuestro. 

Aprovecho este espacio para extender una invitación a toda la sociedad a que participe activamente en la exigencia y construcción de las condiciones para que en nuestro País no exista una sola víctima más de secuestro. 

Lograr este objetivo es posible, requiere de voluntad, contrapesos y sacrificios que de no hacerlos, condenarán a generaciones a seguir sufriendo los estragos que deja este terrible delito.
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El doctor Francisco Rivas estará presente hoy en el foro de participación ciudadana #Ciudadanízate 2016 Construyendo Nuevos Ciudadanos, en el Centro Cultural UAdeC. 

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Francisco Rivas@frarivasCoL
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

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