El Consejo de Salubridad General publicó el fin de semana la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, que estipula los lineamientos para determinar a qué pacientes se les proporcionará equipo de salud limitado en situaciones de vida o muerte durante la contingencia de COVID-19.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell afirmó que para la elaboración del documento se consultó a expertos en ética, bioética y atención médica.

Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó de su contenido. De acuerdo con la Ley General de Salud, el rector de la institución debería haber formado parte de la sesión plenaria para analizar, discutir y aprobar la guía, pero no fue convocado.

El documento, disponible en el sitio del Consejo de Salubridad General, indica que únicamente entrará en operación si el sistema de salud se ve rebasado ante la emergencia de coronavirus. Además, se aplicará a cualquier padecimiento y “tener COVID-19 no hace que un paciente tenga mayor prioridad para acceder a los recursos escasos de medicina crítica”.

¿Qué criterios suelen utilizarse para priorizar?

Normalmente se siguen dos principios, el orden de llegada y el de necesidad médica. Es decir, si dos enfermos tienen la misma condición, se atenderá a quien llegó primero. Esto puede modificarse si alguno de ellos empeora, en ese caso será a quien esté más grave.

“Alguien se podría preguntar por qué el principio de orden de llegada no se debe seguir durante una emergencia de salud pública. La respuesta es porque él beneficia de manera injusta a las personas que viven en poblaciones urbanas y cerca de los centros de salud”, explica la guía.

¿Cuáles se usarán ahora?

Para determinar a quién se brindará equipo como respiradores se utilizarán dos criterios:

1) la supervivencia del paciente a corto y a largo plazo. Para la primera se podrá utilizar el Puntaje Secuencial de Evaluación de Falla Orgánica (SOFA), o cualquier otro método objetivo y validado de supervivencia, el cual dará una cifra del 1 al 4. En segundo lugar se analizarán las enfermedades capaces de impactar o limitar la expectativa de vida y se otorgarán valores de 2, 4, o no aplica.. La cantidad acumulada podrá ir desde 1 a 8, quienes tengan un número menor serán atendidos primero.

2) el principio de vida completa o vida por completarse. Esto quiere decir que se dará prioridad a las personas capaces vivir más tiempo en caso de recuperarse. Por lo tanto, si un hombre de 80 y otro de 20 requieren un respirador y su condición médica es igual, es más probable que se entregue al joven. 

Se proponen las siguientes categorías de edad: 0-12, 12-40, 41-60, 61-75 y +75 años, y se tomará en cuenta el sexo del enfermo, pues la tasa de mortalidad no es la misma. Si empatan en todos los criterios, la decisión deberá definirse al azar.  También se especifica que el personal médico que atiende casos de COVID-19 tendrá prioridad sobre cualquiera. 

No podrán valorarse para la asignación de recursos características como la  afiliación política, religión, ser cabeza de familia, valor social percibido, nacionalidad o estatus migratorio, género, raza, preferencia sexual o discapacidad.

¿Quién tomará la decisión?

Para asignar los recursos se creará un equipo conformado por tres personas: un oficial de triaje (médico intensivista o urgenciólogo), un segundo oficial (profesional de enfermería intensiva o de urgencias médicas) y un miembro de la administración del hospital.

Ellos se encargarán de evitar conflictos de intereses, mantener la equidad y de disminuir la angustia moral de los médicos en operación. También informarán a los familiares de los pacientes de la decisión final y resolverán las apelaciones que pudieran hacerse.

¿Por qué desató polémica?

Se le considera discriminatoria contra los adultos mayores. Expertos han señalado que no sigue los principios de la bioética, sino que busca optimizar los recursos, sin tomar en cuenta el lado humano de la medicina. 

“Podrían llamarle guía de optimización de recursos financieros, de equipo médico o humanos, pero no es una guía bioética, porque entonces el Estados procuraría tener recursos disponibles para todos los pacientes, donde no se deba dar nunca preferencia”, declaró Gabriel García Colorado, presidente de la Asociación de Bioética y Derechos Humanos.

Además, Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) expresó que el documento es una opinión personal y no un acuerdo consensuado. “Debemos tener los elementos para hacer la mejor valoración y no sencillamente tratar de sacar una ecuación que realmente requiere una mayor elaboración. Pensamos que el abordaje ha sido insuficiente y tendremos que trabajar más y tiene que ser lo antes posible”, expresó.