¿En qué cabeza cabe?, ¿no deben los impuestos de las empresas multinacionales pagarse tan solo de acuerdo con el código fiscal vigente en cada país donde están sus filiales? Esa es la forma en que las empresas globales han sido gravadas durante décadas, sí, pero ya se les acabó el veinte. La mayoría de los países, ricos y pobres, terminaron hartándose de la manera en que esas empresas evaden, violando de plano la ley, o eluden, con un sinnúmero de artilugios contables, los impuestos que deberían pagar dadas sus utilidades en cada país.

Aunque, justo es decirlo, la culpa no fue sólo de ellas. Se necesitan dos para bailar un tango, dice el dicho. Una de las naciones más bailadoras, gran entusiasta desde hace años, es, por ejemplo, Irlanda. La tasa que aplica sobre lo que llamamos en México el impuesto sobre la renta de las personas morales (las empresas) es una bagatela: 12.5 por ciento. Para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos la tasa actual es 21 por ciento más la tasa estatal correspondiente (en California la suma de las dos es 30 por ciento), en Francia es 32 por ciento y en nuestro propio país es 30 por ciento.

Sobra añadir que las otras naciones que integran la Unión Europea han reclamado repetidamente a Irlanda su comportamiento desleal (a excepción de Hungría, cuya tasa es 9 por ciento). Y como también uno conjeturaría, muchos gigantes tecnológicos, como Apple, Google y Microsoft, desde hace años tienen establecidas grandes filiales en Irlanda.

Pero lo que quizás uno no pensaría que ocurriera es que, de vez en vez, Irlanda antes de poder levantarse a bailar para compartir ganancias, sale bailada. El año pasado, por ejemplo, la filial Microsoft Round Island One, radicada allá y a cargo del cobro de todas las licencias que expide Microsoft a sus usuarios de programas, no pagó ni siquiera un euro por concepto de impuestos al Gobierno irlandés. Esto porque derivó sus utilidades a Bermudas, donde no hay impuestos corporativos.

Es evidente, pues, que ya se habían tardado las naciones en hacer algo al respecto. Pero ya lo hicieron: el 9 de julio fue dada a conocer una declaración por parte de más de 130 países para iniciar, a partir de 2023, políticas conjuntas contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas globalizadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), liderada hasta hace poco por el mexicano José Ángel Gurría, jugó un papel central en el acuerdo.

El combate será en dos flancos. Por un lado, se obligará a las multinacionales a pagar derechos tributarios en todos los países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales, tengan o no presencia física en ellos. Esto permitirá gravar, en particular, a las empresas digitalizadas.

Por el otro, habrá un impuesto mínimo global sobre el impuesto sobre la renta de las empresas que será al menos del orden de 15 por ciento. De esta manera se establecerá una regla de honor en el juego de la competencia entre las naciones en materia de impuestos. Curiosamente, Estados Unidos quiere de hecho una tasa mínima más alta. Esto le permitiría incrementar con menos riesgo su tasa federal de 21 por ciento a 28 por ciento, lo cual Biden necesita hacer pronto para financiar su ambicioso plan de inversión pública.