El plan del “Impuesto con Ajuste Fronterizo” (BAT), propuesto por el líder republicano Paul Ryan para castigar fiscalmente las importaciones a Estados Unidos, forma parte de un paquete de reforma fiscal que incluye una baja del gravamen corporativo y el cambio a un sistema impositivo territorial que grava con base en el destinatario de las ventas.

Desde su presentación, dividió a empresas, políticos y economistas, y no ha sido respaldado por la administración de Donald Trump.

Bajo el plan del liderazgo republicano, las empresas no podrían deducir el costo de sus importaciones dentro de sus ingresos, por lo cual se cobrarían gravámenes a las importaciones, pero las exportaciones quedarían exentas del pago de impuestos.

El BAT gravaría por ello el lugar donde un producto o servicio es consumido, en este caso, Estados Unidos, y no donde se ubique la empresa productora.

Los republicanos esperan que el BAT permita equilibrar los déficit comerciales históricos de Estados Unidos, recolectando alrededor de un millón de millones de dólares a través de impuestos a lo largo de una década.

El BAT ha sido rechazado por los demócratas en el Congreso, quienes han expresado su preocupación de que los impuestos afecten no sólo a los consumidores sino que busquen ser utilizados en proyectos a los que se oponen, como la construcción de un muro en la frontera con México.

Los republicanos presentan el BAT como una versión de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) que aplican la mayoría de países del mundo y los socios comerciales de Estados Unidos, y sostienen que el plan es consistente con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Pero algunos economistas han advertido no sólo que la legalidad del BAT es cuestionable, sino que el potencial beneficio fiscal a las empresas exportadoras podría verse nulificado si la aplicación del BAT va acompañada de un fortalecimiento del dólar.

Entre las pocas beneficiarias sería la industria aeroespacial, toda vez que sus principales ventas son al exterior, comparado con la mayoría de empresas de Estados Unidos que dependen de importaciones.

Por el contrario, un dólar fuerte beneficiaría fiscalmente a las empresas importadoras porque requieren erogar menos billetes verdes para la compra de producto y el impuesto corporativo sería de 20 por ciento. Pero éstas temen que el BAT encarezca los productos para los consumidores.

Aunque hay debate sobre si el cambio de la paridad del dólar con otras divisas es suficiente para que el impacto para los importadores sea significativo, la idea del BAT ha recibido hasta ahora un balde de agua fría por parte de la administración Trump, por considerarla muy complicada.

Durante la campaña presidencial, Trump apoyó un impuesto fronterizo, pero no endosó el plan específico de BAT de los republicanos. Además prometió un impuesto corporativo de sólo 15 por ciento es decir, 5.0 por ciento menos que el propuesto por el liderazgo republicano.

“Ni la administración ni yo hemos tomado una posición sobre el Impuesto con Ajuste Fronterizo. Lo estamos estudiando, evaluando, pero aún no hemos llegado a una conclusión”, dijo el pasado 8 de marzo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en una entrevista con la cadena Fox Business.

Algunas de las mayores empresas de Estados Unidos, incluidas WalMart, Target y Best Buy, y otro centenar de firmas de ventas al menudeo, se pronunciaron en contra del BAT bajo el argumento de que su aplicación puede derivar en productos más costosos para los consumidores.

Entre las importaciones que potencialmente podrían ser más afectadas se encuentra el calzado y los electrónicos, así como azúcar y café.

Entre economistas de centros especializados como el Instituto Petersen de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) existe consenso de que el sistema impositivo de Estados Unidos debe ser reformado, reducida la tasa corporativa y aplicado algún tipo de impuesto al valor agregado.

Pero el economista Adam Posen sostiene que el BAT, como cualquier impuesto que recae en los consumidores, tiene el potencial de afectar de manera desproporcional a los pobres.

Aunado a una menor tasa fiscal corporativa, el BAT podría agravar la desigualdad económica en Estados Unidos, señala.

Un análisis del PIIE argumenta que aún cuando no existe consenso sobre el grado de ajuste que podría sufrir el dólar respecto a otras divisas a raíz de la aplicación del BAT, la transición al nuevo sistema fiscal propuesto por los republicanos ocasionará desbalances a nivel internacional.

“La transición podría desquiciar al sistema financiero global si ocurre una gran apreciación nominal (del dólar) o si afecta a consumidores y prestamistas en caso que los precios sean la primera víctima”, apunta el PIIE.

Adicionalmente los expertos creen que un aumento de las exportaciones de Estados Unidos y una reducción de las importaciones podrían detonar acusaciones internacionales de que Estados Unidos está violando las reglas internacionales de comercio.

El plan de reforma fiscal propuesto por el presidente de la Cámara de Representantes también incluye la reducción del gravamen corporativo de 35 a 20 por ciento.