El expresidente Carles Puigdemont y sus exconsejeros se han entregado voluntariamente a las 9:17 de esta mañana (Hora de España) en una comisaría belga. La Fiscalía de Bruselas ha confirmado en rueda de prensa que los políticos independentistas se han personado en las céntricas dependencias policiales situadas en el número 202 de la rue Royale de la capital belga. Desde allí han sido trasladados hasta el edificio de la fiscalía, donde se encuentran en estos momentos acompañados de sus abogados a la espera de que esta tarde se les tome declaración.

Con su entrega voluntaria a la justicia belga, donde permanecerán privados de libertad, se inicia un proceso que puede demorarse en torno a tres meses. El juez tendrá 24 horas —hasta las 9.17 del lunes— para decidir entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión preventiva mientras la justicia belga decide sobre la euroorden, o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones.

Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega a la justicia española, pero su decisión podrá ser recurrida sucesivamente ante la Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria independentista.

En cambio, si Puigdemont aceptara ser juzgado en España, el proceso se aceleraría y sería entregado a las autoridades españolas en breve. Pero esa opción es del todo improbable. Como dejó claro la última vez que se ha dejado ver, durante la entrevista a la televisión pública belga, el expresidente no cree en la imparcialidad de la justicia española. “Está politizada. No hay garantías de un juicio justo e independiente", aseguró. En el estudio de la televisión francófona, Puigdemont dijo querer ser juzgado por "la justicia verdadera", una categoría en la que no incluye a la española.

El expresidente había reiterado en los últimos días su disposición a cooperar y no había mostrado intención alguna de resistirse. "Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga con respecto a la orden de arresto europea emitida por España", afirmó ayer sábado en un mensaje publicado en neerlandés en su cuenta de Twitter, señal inequívoca de que pensaba acudir voluntariamente a que le tomen declaración.

La Fiscalía de Bruselas había anunciado esta mañana su intención de ordenar su detención antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes,  "Tenemos información de que están en Bruselas", había asegurado la fiscalía a este diario. El expresidente y los exconsejeros, a los que la Audiencia Nacional busca por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación, huyeron a Bélgica el pasado lunes. Los abogados de Puigdemont y de los exmiembros de su gabinete Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) habían mantenido contacto con las autoridades judiciales belgas para concretar cómo se realizaría la entrega.

El experto en extradiciones Paul Bekaert, antiguo defensor de presos etarras, ha mostrado la misma desconfianza hacia la justicia española que su cliente. Planea utilizar como argumentos para paralizar su entrega el riesgo de que en España no se respeten los derechos fundamentales y la imposibilidad de un juicio justo. El titular de Justicia belga ha querido alejar cualquier sospecha de interferencia del Gobierno de su país en el proceso. "El poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento. Todo se desarrolla mediante contactos directos entre autoridades judiciales", afirmó en un comunicado la noche del viernes.

La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el plano judicial y policial. En el pasado, Bélgica y España mantuvieron importantes desencuentros en torno a la concesión de asilo a etarras detenidos. Un roce que desde Madrid esperan no ver repetido con el caso Puigdemont.

Mientras tanto, las entidades soberanistas organizan este domingo una jornada de movilización para difundir carteles en contra del encarcelamiento de varios exconsellers, en una jornada en la que los partidos catalanes perfilan sus estrategias para las elecciones del 21 de diciembre ante la propuesta de candidatura de concentración que ha hecho el expresidente.