Madrid. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que se refugiaron en Bélgica fueron puestos en libertad con medidas cautelares ayer por la noche por un juez belga que les tomó declaración e inició el proceso judicial para su entrega al Estado español. El ex mandatario catalán tiene abierto un expediente en la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho, por los que ya fueron enviados a prisión incondicional nueve miembros de su gobierno, entre ellos el que era su principal aliado en el proceso soberanista y vicepresidente, Oriol Junqueras, también líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Puigdemont y sus cuatro consejeros, que son Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí, se presentaron con sus abogados ayer por la mañana en una comisaría de policía de Bruselas. Su intención era mostrar su máxima disponibilidad para colaborar con la justicia tras ser informados de que el pasado viernes por la noche la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que instruye su caso, giró una euroorden de búsqueda y captura con ellos tras no presentarse a declarar ante el juzgado como sí hicieron los otros miembros del gobierno.

El líder independentista decidió así entregarse a la policía belga, que una vez identificado y notificada su presencia a las autoridades judiciales decidieron trasladarlos a la sede central de la Fiscalía, donde un juez les tomó declaración durante cinco horas. El juez tenía tres opciones: rechazar gestionar la euroorden, aceptar tramitarla y mantener detenidos a los cinco políticos catalanes o, aun procesándola, dejarlos en libertad condicional. Finalmente decidió ordenar su libertad con cargos y aplicarles dos medidas cautelares básicas para mantenerlos controlados: la entrega de su pasaporte, con lo que no podrán salir del país mientras dure el proceso, y notificar al juzgado el lugar donde se encuentran hospedados en Bruselas.

Puigdemont y sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se encontraban en Bélgica desde el pasado 29 de octubre, cuando viajaron de forma semiclandestina desde Cataluña a la capital belga. Su objetivo era evadir a la justicia española, que tenía previsto citarles a declarar la semana pasado por los delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos y cohecho. De hecho, el resto de los integrantes del gobierno de Puigdemont, entre ellos el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, fueron interrogados el pasado jueves y enviados a la cárcel sin derecho a fianza -con la excepción de Santi Vila, que dimitió de su cargo la víspera de la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont y aprobada en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre-.

La justicia belga ahora decidirá en un proceso que se puede llegar a demorar hasta 45 días si accede o no la petición de la justicia española, que justificó la petición de entrega de los cinco líderes independentistas en la “gravedad” de los delitos supuestamente cometidos, que de ser encontrados culpables podrían sumar una condena de hasta 50 años de cárcel. Ahora se abre un periodo de dos semanas para que los tribunales belgas estudien la petición y en caso de que proceda se inicien los trámites para su entrega o para su rechazo, con lo que, en virtud de las garantías procesales del sistema jurídico de Bélgica, antes de adoptar una decisión definitiva las pruebas y fundamentos de la petición sería analizado por al menos dos magistrados.

El sector independentista, que desde que Puigdemont se refugio en Bélgica está inmerso en la organización de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, celebró la liberación con medidas cautelares como un “triunfo de la justicia” y como la demostración de que la justicia en España está “politizada”. La diputada del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), Mireia Boya, advirtió que “la justicia belga acaba de confirmar que los de aquí son nueve presos políticos”. En términos similares se expresó la actual lideresa de ERC, Marta Rovira, que señaló “bueno, ahora ya podemos decir: lo veis como son presos políticos los que están en prisión por el mismo, ¿verdad?”. El político catalán que hasta hace una semana era el representante en Madrid del gobierno autonómico, Ferran Mascarell, añadió que la decisión es una muestra de “la diferencia entre una justicia independiente y la justicia de un Estado autoritario donde ha desaparecido la división de poderes”. El ex diputado soberanista Roger Torrent añadió que “la diferencia entre la separación de poderes real y un sistema judicial politizado. Entre una democracia madura y un estado de derecho fallido.

El nacionalismo catalán tiene estrechos vínculos con el nacionalismo flamenco de Bélgica, que al igual que el partido de Puigdemont, tiene una raíz conservadora. Jan Jambon, viceprimer ministro de Bélgica y responsable de la cartera de Interior, pertenece precisamente a esta formación y ha sido el primero en alzar la voz en favor de los independentistas catalanes. A juicio de Jambon, el gobierno de Mariano Rajoy “ha ido demasiado lejos al haber antepuesto las leyes nacionales a la convención de los Derechos Humanos y otras leyes que están por encima. Existe la ley española, pero también el Derecho Internacional, la Convención Europea de Derechos Humanos y otras cosas. Y todo esto está por encima de la ley de un Estado miembro”.

Incluso reclamó más atención por parte de la Unión Europea (UE) a esta conflicto y que rompa así con su alineamiento con España. “Solo estoy cuestionando cómo un estado miembro de la UE puede llegar tan lejos, y me pregunto dónde está Europa para tener una opinión al respecto. Cuando la Policía golpea a las personas, cabe preguntarse cosas. Cuando el Estado español encierra a dos líderes de opinión, tengo preguntas. Y ahora el Gobierno español actuará en el lugar de un gobierno elegido democráticamente, cuyos miembros están encarcelados... ¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato que recibieron de sus electores. Entonces, me estoy haciendo preguntas”, añadió Jambon.

Más duro aún fue el ex primer ministro de Bélgica Elio Di Rupo, que calificó al gobierno español de “franquista” y “autoritario”, al advertir que si bien “Puigdemont ha abusado de su posición, pero Rajoy se ha comportado como un franquista autoritario. Encontremos el camino de una España más federal. Yo combato la política de Puigdemont, pero me impactaría mucho si la Justicia belga le metiese en prisión”.

Desde el derechista Partido Popular (PP), el europarlamentario Esteban González Pons calificó los ataques de los políticos belgas de “irresponsables y peligrosos”, al advertir que “si el ministro Jambon duda de la imparcialidad y el respeto por la legalidad de la justicia española, sin duda el ministro tiene un problema de percepción de las democracias en Europa”.