No trascendió a la opinión pública, pero en un plazo de 24 días descubrimos dos casos trascendentales para las finanzas de Coahuila.

Primero Fitch Ratings, el 27 de febrero, detectó que Rubén Moreira le metió la mano al cajón el último mes de su sexenio al disponer en noviembre de 2017 (sin que hasta el momento se sepa para qué) dos terceras partes del Fondo de Reserva constituido para la deuda; cifra estimada en 600 millones de pesos (y tema que será motivo de otra colaboración, por lo demás).

Luego HR Ratings, apenas el 23 de marzo, reveló un adeudo con proveedores que dejó el propio exgobernador, hasta entonces oculto, valorado en 3 mil 719 millones 700 mil pesos.

Ambas calificadoras de finanzas públicas destaparon lo que la Tesorería del Estado mantuvo escondido los primeros 100 días de administración estatal. Ni uno ni otro asunto habían sido transparentados, por ejemplo, en la comparecencia que tuvo su titular, Blas Flores, el 5 de marzo ante el Congreso Local y posteriormente al ser entrevistado por los medios de comunicación.

¿Por qué no había revelado nada?

Evidentemente la pregunta es retórica y conocemos la respuesta. Ahora bien, o el funcionario es un incompetente que desconoce lo más básico de su función, o él y los dos subsecretarios que verdaderamente mandan en la dependencia nos creen ignorantes.

Ninguna de las dos opciones, en cualquier caso, es aceptable.

Me detengo en un punto interesante del reporte realizado por HR Ratings: de 2016 a 2017 creció la deuda del Gobierno con proveedores, denominada también “obligaciones financieras sin costo”, en 260 millones de pesos. Traducido a cantidades, aumentó de 3 mil 459 a 3 mil 719 millones de pesos.

Situado en una línea del tiempo, ese dinero se ubica en las mismas fechas del proceso electoral celebrado el año pasado. ¿A qué se destinó realmente? ¿Estuvo enterada la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral?

Y lo más importante: en ese mismo lapso –y aquí cito textualmente a HR Ratings– “el activo circulante del Estado pasó de 3 mil 488 millones 900 mil pesos, a mil 796 millones 500 mil pesos. Lo anterior se debió a la reducción en los recursos que se encontraban disponibles en caja y bancos en 47.7 por ciento con respecto a lo observado al cierre de 2016”.

En resumen: mientras aumentaba la deuda con proveedores por un lado, por el otro disminuían los recursos de las cuentas bancarias, vaciaban el efectivo de la caja y asaltaban el Fondo de Reserva como se mencionó al principio del texto, al grado que a los cuatro días de tomar posesión Miguel Riquelme pidió un préstamo por 980 millones de pesos para “tener liquidez”.

Cortita y al pie
Para Coahuila el primer trimestre del año terminará con un rosario de deudas: bancaria a corto y a largo plazo, respaldada con “bono cupón cero”, adeudos indirectos con municipios y organismos descentralizados, y obligaciones financieras sin costo (proveedores).

En total suman 41 mil 200 millones de pesos.

Por si fuera poco, HR Ratings estima que un 20.8 por ciento de los “ingresos de libre disposición” (no etiquetados para infraestructura en específico) se destinen al servicio de la deuda en 2018. Un porcentaje mayor al utilizado en los últimos cinco años. Eso significa menor margen de maniobra.

Afirmar que estamos ahorcados económicamente, por tanto, se queda corto.

La última y nos vamos

En 2005 la deuda pública era de 323 millones de pesos. Al día de hoy, reitero, se calcula en 41 mil 200 millones de pesos. ¿En 12 años encuentra usted una transformación social o material que justifique la exorbitante cantidad?

Justo es decir que 18 mil millones adquiridos en 2010 nunca entraron a ejercicio fiscal, fueron solicitados con documentos falsos y así como ingresaron, egresaron. 

¿Hacia dónde?, es la cuestión.
Parecieran sólo números, sin embargo, no es así. Es la representación del estancamiento por lo menos hasta 2048 para una entidad federativa donde habitan tres millones de personas.
Así de grave.

@luiscarlosplata