Elia Tamayo Montes es una mujer indígena que como muchas otras sobrevive en la pobreza, no tuvo acceso a educación y trabaja en el campo. De estatura bajita, complexión delgada, y cabello largo obscurísimo, su voz apenas emite sonido. Son sus ojos los que hablan, profundos, tristes, acuosos y cansados. Aún en silencio emite nostalgia y a pesar de su andar agotado saca fuerza de sus entrañas para insistir que se haga justicia. 

La vida de un hijo nunca se repone. Sin embargo, lo menos que se espera es que si un gobierno ha dañado sin remedio a una madre, le repare el daño y para ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que indemnizara de inmediato a doña Elia. La CNDH realizó una exhaustiva investigación en la que responsabilizó claramente a instancias del gobierno de Moreno Valle de diversas violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas y entre estas el menor fallecido. Moreno Valle aceptó públicamente la recomendación y se comprometió a atenderla, pero no lo ha hecho. 

A pesar de que ha transcurrido un año y cuatro meses después de la muerte de José Luis, no hay un solo detenido entre los elementos de Seguridad Pública del estado. Elia sigue su lucha en espera de que el gobierno poblano cumpla con las recomendaciones de la CNDH. Las condiciones en San Bernardino Chalchihuapan son cada vez más adversas: Jairo Montes Bautista, el entonces presidente de la junta auxiliar, apoyó a doña Elia incondicionalmente, pero esto le ha costado su libertad. 

Moreno Valle debe estar sumamente entretenido inaugurando estadios o posicionando a su mujer como líder del PAN en su estado. Quizá esté atendiendo las críticas por actos de corrupción como el fraude del que se acusa a su cuñado por crear la asociación civil Scientia Aprendizaje Significativo, con la que obtuvo del gobierno de Puebla 3 millones 500 mil pesos. Otro escándalo que puede tener distraído al gobernador es la acusación que en su contra ha documentado unomásuno en la que asegura que tanto Moreno Valle como Víctor Carrancá a quien le otorgó el cargo de Procurador de Justicia postsexenal, sustrajeron más de 200 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins. 

El gobernador sabe bien cómo manejar a los legisladores locales, quienes no muestran prisa para actualizar la regulación que haga efectivo el juicio de responsabilidad patrimonial del estado. Así aplanan el camino para justificar el asesinato de un niño indígena, la negativa de reparar el daño a su madre y la opacidad del uso de recursos que deberían enfocarse al desarrollo comunitario. No queda duda, en Puebla la violación de derechos humanos es terreno fértil. 

Analista política y activista ciudadana