Por Shaila Rosagel para SinEmbargo

Ciudad de México.- El reparto de dinero público a los medios de comunicación a través de la publicidad oficial se ha normalizado a tal grado en México, que es una papa caliente para políticos como para las empresas periodísticas, coincidieron especialistas en ética y medios de comunicación a SinEmbargo.

En general, los partidos que acceden al poder se benefician al regalar el dinero público a los medios, dijeron, y entonces, frente al llamado de regular la publicidad oficial, lo que hacen es dar vueltas sobre sus pies y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Gabriel Sosa Plata, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en medios de comunicación, explicó que los precandidatos a la Presidencia de la República y los partidos políticos no han incorporado la regulación del dinero a medios en sus plataformas electorales porque incomoda a los políticos, pero también a los medios de comunicación. “Como ha sido una práctica cotidiana que se ha normalizado y ha sido un instrumento para tener una buena relación con los medios de comunicación una vez que se llega al Gobierno, es un tema intocado”.

Luego de que el pasado 25 de diciembre el rotativo The New York Times publicara un extenso reportaje sobre el control que mantiene el Gobierno de México sobre la prensa mexicana a través de la publicidad oficial, la mayoría de los principales líderes de los partidos políticos de oposición no se han manifestado de forma contundente en torno a la regulación del dinero público a empresas periodísticas.

“Recoja un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos periódicos, casi en cualquier página hay un anuncio que promueve una agencia gubernamental u otra”, publicó el rotativo.

“Por eso generó tanta escozor, molestia, irritación este reportaje y han sido pocos los medios que han recuperado con la misma magnitud lo de The New York Times, porque los coloca en esta situación de conflicto que incomoda”, dijo Sosa Plata.

Las plataformas electorales de los partidos de oposición no contemplan como tal la regulación de la publicidad oficial como propuesta de gobierno.

Después de la publicación dirigentes como Damián Zepeda Vidales, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN); y Ángel Ávila Romero, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunciaron por la necesidad de regular la publicidad oficial a través de comunicados de prensa, pero no los precandidatos a la Presidencia de la República; ni tampoco los gobernadores de las entidades que –de acuerdo con el índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)– más gastan en publicidad en medios como Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y Baja California Sur.

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró sobre la publicación del 25 de diciembre que en México sí existe libertad de expresión y que el reportaje se trata de una “confusión”, pues la prensa mexicana no funciona igual a la estadounidense.

La coalición Por México al Frente entre el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano (MC) no contempla en su plataforma electoral el tema.

El Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador, precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apunta a “transparentar todo tipo de publicidad gubernamental en medios de comunicación”. hasta ahí.

Morena ha llevado al pleno de la Cámara de Diputados dos iniciativas para regular la publicidad oficial. Una de ellas de la Diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín. Los líderes del partido no se han manifestado sobre la regulación tras la publicación de The New York Times. SinEmbargo solicitó una postura pero no respondieron a las solicitudes de entrevista.

El investigador de la UAM agregó que una vez colocado el tema en la agenda, los medios de comunicación y sociedad civil deberán buscar una “buena ley de publicidad gubernamental”, a través de una “estrecha vigilancia del proceso”.

“Es un buen momento para que las organizaciones de la sociedad y los medios comprometidos exijamos a los partidos y sus candidatos  que asuman este tema a su agenda”, indicó.
Y agregó que el control político de los medios también sucede en el caso de los partidos de oposición, los cuales han llegado a gobernar en distintos estados y lejos de cambiar las prácticas en el reparto del dinero público para medios, continúan reproduciendo el modelo.

Pero el tema no es nuevo.

El 15 de noviembre de este año la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo a la organización Artículo 19 que obliga al Congreso mexicano a legislar sobre la materia.

“Esto tiene que ver con la voluntad política y el reconocimiento público del problema. Lo que vimos de parte de Enrique Ochoa fue una negación del estado actual que vive la prensa en materia de libertad de expresión. No se puede hablar de libertad de expresión, mientras existan mecanismos de control directos, pero tampoco se puede hablar de libertad de expresión mientras en México maten a un periodista cada mes”, dijo Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, una de las organizaciones que llevó a la Suprema Corte la exigencia de regular la publicidad oficial.

Ruelas agregó que mientras no haya un “reconocimiento explícito” de las formas de violencia a la libertad de expresión por parte de los líderes políticos, los partidos y los legisladores, no habrá un avance en el país en el tema del dinero público a medios.

“De lo que significa el control directo a través de la publicidad oficial, de cómo impacta este dinero público en las líneas informativas, no hay garantía de libertad de expresión en México. Hemos sido muchas las organizaciones que nos hemos manifestado sobre el tema, pero sigue siendo un tema que les saca ampolla a todos los partidos políticos y también a los medios. Bastantes medios firmaron la iniciativa ‘Basta Ya’; necesitamos ver que estos medios se aboquen a promover una buena legislación que de cumplimiento al fallo de la Suprema Corte”, señaló.

Ana Cristina Ruelas recordó que el Congreso de la Unión tiene hasta abril de 2018 para legislar y atender la sentencia de la SCJN, pero hasta el momento sólo hay iniciativas aisladas y ninguna que recoja la opinión de las organizaciones civiles y de la población en general.

“Esperamos que se cumpla el fallo de la Suprema Corte, que lleguen a un acuerdo parlamentario y se impulse una iniciativa conjunta, porque de otra manera no habrá manera de cumplir”, dijo. 

Ruelas explicó que el 13 de diciembre pasado Artículo 19 presentó un plan de trabajo a la SCJN para empezar con el proceso legislativo de análisis de las iniciativas que ya existen tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República:

“Que se haga un revisión a la luz de los estándares internacionales de la regulación de derechos humanos y sea a través de este análisis que se genere un grupo de trabajo con la sociedad civil, academia y medios […]. Quedamos con la Jucopo [Junta de Coordinación Política] que nos conteste a más tardar en enero para confirmarnos si están de acuerdo con el plan de trabajo para estar a tiempo en abril de 2018”.

“CINISMO Y DESMEMORIA” DE POLÍTICOS...

Lee la nota completa en Sinembargo