El director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega, adelantó que para octubre se presentará la investigación encabezada por el académico y periodista Sergio Aguayo, donde darán a conocer el contexto de la violencia que se vivió en el norte de Coahuila, tras la masacre de Allende. 

Anunciada desde enero pasado, la investigación que será la segunda parte de “En el desamparo” —de la masacre de Allende”—, conjuntará los testimonios de las familias de los desaparecidos, las organizaciones civiles y gubernamentales, así como la información difundida a través de los medios de comunicación, tomando en cuenta todo el norte del Estado y lugares como Piedras Negras, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad a los adentros del penal.

El director de la AIDH, mencionó que a la par se hará un informe del Profade (Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas), que es operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila, con base en la atención que ha sido brindada a las familias de las víctimas de desaparición, y a los miembros de los cuatro colectivos que viven en la entidad. 

Además, dijo estar confiado que en el proceso de transición gubernamental se respetará el trabajo de investigación de desaparecidos que realizan desde la Academia, con base en informes oficiales. 

“Continuar el trabajo de los desaparecidos que no es de una administración, sino a favor de las familias”, dijo.
De los más de 300 muertes ocurridas en marzo de 2011 —según afirman los lugareños—, el Gobierno Estatal únicamente reconoce 28.

Anatomía de una masacre 

El pasado 13 de junio VANGUARDIA publicó el artículo “Anatomía de una masacre”, escrito por Ginger Thompson, periodista ganadora del Pulitzer, en el que revela las verdaderas causas de la masacre de los Zetas en Coahuila.
La masacre que se vivió en Allende en marzo de 2011 donde sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en el municipio y secuestraron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza, fue desatada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), reveló una investigación de la Premio Pulitzer Ginger Thompson.

De acuerdo con el texto, la responsabilidad de la DEA comenzó cuando un agente persuadió a un importante miembro de los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a 2 de los capos más buscados del cártel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar (Z-40 y Z-42).

Tras el testimonio del miembro delator del cártel, la agencia estadounidense compartió información con una unidad de la Policía mexicana y casi de inmediato los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. “Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos”, destacó Thompson.

Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial, que habla de 28, y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. ProPublica y National Geographic, sin embargo, identificaron alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos al asedio realizado por los Zetas aquel año de 2011.