CIUDAD DE MÉXICO.- La apuesta a la refinación de petróleo, el freno a la industria de las llamadas energías renovables, el desarrollo de gasoductos con fondos destinados a mitigar el cambio climático y el arranque de las obras del Tren Maya evidencian el desinterés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante las problemáticas ambientales globales, marcadas por la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, denunció hoy la organización Greenpeace.

“Lejos de contribuir a frenar ambas problemáticas, la política ambiental de la actual administración en nuestro país las acrecienta”, planteó Greenpeace en un boletín publicado este día mundial del medio ambiente en el cual recordó que el mismo gobierno de López Obrador se comprometió a llegar a la meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

La organización resaltó que el gobierno no solo le dio prioridad al rescate de Pemex –una de las diez empresas más contaminantes del planeta– y a reforzar el sistema de refinación –marcado por la construcción de la refinería en Dos Bocas, por más de ocho mil millones de dólares–, sino que pretende generar energías “renovables” con combustóleo, el “combustible residual de los procesos de refinación”.

“En fechas recientes el embate que pretende eliminar las energías renovables de la matriz eléctrica, argumentado que son costosas, que no son confiables y que ponen en riesgo el sistema eléctrico nacional, son medidas que no dejan duda de que la política energética del país va en sentido opuesto al combate al cambio climático (…) Ante eso, los compromisos climáticos plasmados en acuerdos internacionales y en las propias leyes mexicanas resultan imposibles de lograr”.

Aparte, subrayó que el Tren Maya ocasionará “daños incalculables al medio ambiente, “comenzando por la afectación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas”, y afectará “el equilibrio ecológico de la Península de Yucatán, área prioritaria para la conservación de la biodiversidad en nuestro país”.

Y remató: “además el proyecto no toma en cuenta el efecto colateral del tren: el desarrollo industrial, agropecuario, turístico e inmobiliario sin control, ni los derechos de pueblos y comunidades indígenas”.