Monterrey. La bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado presentó este viernes una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública con la intención de reducir a la mitad la cantidad de escoltas a funcionarios y ex servidores públicos.

Los legisladores Samuel García y Mariela Saldívar consideraron que con esa medida se ahorrarían, tan sólo el estado, alrededor de 100 millones de pesos sin poder precisar el monto, porque no hay información transparente, y unos 150 elementos más saldrían a patrullar en la vía pública, ya que estiman que hay alrededor de 300 escoltas al servicio de funcionarios tan sólo en el Gobierno Estatal.

Samuel García dijo que actualmente establecen las autoridades que por Ley deben de tener escoltas, sin embargo, existe un párrafo que deja abierta la posibilidad de que cualquier funcionario cuente con custodio.

"Lo que estamos planteando es que de tajo todo se vaya a la mitad, tanto escoltas, vehículos, prestaciones que van incluidas como la gasolina y el tiempo con el que deben de permanecer ex funcionarios.

"Desgraciadamente la Ley te dice quienes deben de tener y te dicen gobernador, procurador, Seguridad Pública y Tribunaal de Justicia y desgraciadamente agregaron un último párrafo que dice ' y todos los demás necesarios para todos aquellos que tengan tareas de administración o Procuración de Justicia' tan estricto o tan amplio que de ahí han abusado, ahorita vemos que hasta funcionarios de tercer y cuarto nivel traen tres o cuatro escoltas", comentó.

Los diputados presentan reformas por modificación, el último párrafo del artículo 54 y por modificación la fracción I del artículo 57 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León.

Por su parte, la diputada Mariela Saldíval comentó que en algunas dependencias coordinadores de áreas menores que no lo ameritan, tienen asignadas escoltas, chofer y gasolina.

"Ni siquiera en el presupuesto se puede visualizar cuántos son escoltas porque agarran elementos de Fuerza Civil, policías ministeriales de la Procuraduría, personas de la Comisaría de Seguridad Institucional, entonces no hay un sólo grupo y no hay una partida presupuestal que diga esto va a escoltas.

"Se asume que gran parte de la comisaría, que son 113 millones de pesos, la amplia mayoría se utilizan para uso de escoltas y luego quítale lo que se va de Fuerza Civil y ministeriales, esto es porque no hay un control siquiera de cuantos elementos y se asignan discrecionalmente", dijo.

Coincidieron en que hay algunos funcionarios que sí requieren escoltas y vehículos oficiales, por lo que se propone un Consejo Ciudadano para definir quienes por su responsabilidad justifican el uso de elementos para su seguridad personal.