A fin de evitar un mal uso de las copias de los videos de las audiencias penales que se les facilita a las partes por petición de ellas mismas, el magistrado Juan José Yáñez Arreola propuso “marcar” el nombre de a quien se le da el material.

De esta forma, dijo Yáñez Arreola, magistrado de la sala penal, se evitaría un mal uso del video.

La solicitud se hizo durante la 42 sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que desde la semana pasada, con la llegada del magistrado Miguel Mery Ayup a la Presidencia, transmite las sesiones en vivo por internet.

“En los videos de audiencia en materia penal en cualquiera de las instancias, las partes pueden solicitar una copia del video, la petición es que se plasmara en la totalidad de ese video a quién se le entrega”, expresó.

“Es decir, se le entrega a la defensa, se le entrega al Fiscal y que se plasme el nombre de la persona a la que se le entrega. Esto con finalidades de tener seguridad a quién se le facilita y que no se haga un mal uso de él”, subrayó.

Yáñez Arreola consideró que al colocársele alguna leyenda al material, al momento de que si alguien quisiera hacer un mal uso o editarlo, va a aparecer la cintilla de quién es la persona que tiene en resguardo dicha copia.

Aunque no fue material de una audiencia, la petición se hace luego de que el magistrado Óscar Nájera se vio involucrado en una polémica por la filtración de un video grabado hace meses con el propio equipo de una sala penal oral, en Piedras Negras.

A la petición, el magistrado Gabriel Aguillón consideró que no es facultad del Pleno del Tribunal decidir al respecto y que más bien correspondería decidir al Consejo de la Judicatura.

Por su parte, el magistrado Alejandro Huereca opinó que es correcto que se haga la identificación, pero coincidió que no es tema del Pleno, por lo que pidió canalizarse a quien corresponda.

El magistrado Iván Garza consideró que la propuesta será benéfica para efectos de seguridad, pero de la misma forma, opinó que su análisis corresponde a la Judicatura.

En este contexto, Mery Ayup consideró que la solicitud de Yáñez Arreola pudiera ser, incluso, materia de una reforma legal, por lo que dispuso se enviara a la consejería jurídica para determinar al respecto o se mantiene solo como una tarea para la Judicatura.