Proponen Iniciativa de Reforma para sancionar llamadas fantasmas

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Proponen Iniciativa de Reforma para sancionar llamadas fantasmas

Foto: Especial
El vicecoordinador del grupo Parlamentario del PRI en la cámara baja compartió que esta conducta ha ido en aumento en los últimos años.

MONTERREY.- Una Iniciativa de Reforma para sancionar las llamadas falsas a números de emergencia propuso el diputado federal por Nuevo León, Tomás Montoya.

El vicecoordinador del grupo Parlamentario del PRI en la cámara baja compartió  que esta conducta ha ido en aumento en los últimos años.

Apuntó la importancia de legislar en esta materia ya que implica costos económicos y merma la capacidad de dar respuesta a una verdadera  emergencia.

“Las llamadas falsas son un tema que afecta a todas las instituciones de seguridad el país”, indicó.

Precisó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2016 se registraron 90 millones de llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 75% eran falsas.

“Estas alertas generan importantes costos a las instituciones de seguridad y atención de emergencias”, mencionó.

Añadió que lo más grave aún es que las llamadas falsas de emergencia, propician que dejen de atenderse las verdaderas urgencias que pongan en peligro la seguridad de la población.

“Además de que en muchas ocasiones esto es usado como prácticas distractoras por grupos de la delincuencia organizada para cometer un ilícito en otro lugar”, indicó el diputado federal.

Detalló que  instituciones como Cruz Roja que son parte de los operativos de emergencia han hecho estudios y han cuantificado que una movilización puede costar hasta 40 mil pesos.

Añadió que eso representa pérdidas económicas  para Federación, Estados y Municipios.

“La iniciativa se plantean multas desde 3 mil 500 pesos  hasta los  36 mil pesos”, declaró.
 
Montoya expuso que en otras legislaturas se han hecho esfuerzos por sancionar este tipo de hechos por la vía penal.

No obstante, dijo, que se corre el riesgo de criminalizar a muchos menores de edad por lo que se propone que las sanciones sean por la vía administrativa.