El Congreso del Estado enviará una solicitud al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para homologar las penas que el Código Penal de Coahuila contempla por el delito de explotación laboral. Mientras que en la entidad se castiga con un máximo de 15 años de prisión, a nivel federal en la Ley General apenas llega a 10 años la punibilidad.

Ayer, en sesión ordinaria se aprobó por unanimidad el dictamen emanado de la iniciativa de reforma al Artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que previamente presentó la diputada Verónica Martínez.

La legisladora señala que mientras el Código Penal contempla en su artículo 307 una sanción de 8 a 15 años de prisión y multa a quien capte, reclute, enganche, traslade, entregue, reciba, promueva, solicite, ofrezca, facilite o consiga para sí o para un tercero a una o varias personas a través del engaño, la violencia física y/o psicológica, el abuso de poder, con fines de explotación sexual y/o laboral.

En tanto, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas contempla por el mismo delito una pena de 3 a 10 años de prisión.

“Se puede deducir que están muy por debajo de las señaladas en nuestra legislación penal local, las cuales como se ha explicado anteriormente no resultan aplicables por existir una legislación federal que rige sobre el particular”, señala el dictamen.

Es por ello que el Congreso del Estado presentará una propuesta ante el Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el Artículo 21 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, planteando el aumento de la penalidad en aquellos casos de trata de personas en la que exista la explotación laboral.

Las penas mínima y máxima se incrementarán en una mitad más, cuando la víctima sea una persona menor de 18 años o mayor de 60 años de edad, no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo o sea una persona en situación vulnerable.