El vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Luis Sánchez (PRD), propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para la creación de una Secretaría de la Economía Social que planifique, integre y regule una política programática y un sistema público en los tres órdenes de gobierno con un financiamiento suficiente para dar impulso a este sector.

“Impulsar la economía social garantizaría el crecimiento del PIB y contribuiría a generar los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado”, dijo.

El legislador lamentó que desde hace tres décadas en México las autoridades se hayan empeñado en debilitar a la economía social, mientras que en el resto del mundo se le ve como una herramienta para fortalecerse.

“Desde hace décadas, la izquierda mexicana ha propuesto innovar políticas públicas para revertir esta situación, con el objetivo de cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: el Estatismo y el Neoliberalismo”.

Luis Sánchez reconoció que si bien en 2012 se creó el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), responsable del fomento al sector social de la economía, los encargados de la política pública diseñaron un sistema asistencial para combatir la pobreza, que en realidad es utilizado con fines políticos y electorales.

“Nuestra propuesta ha sido la de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social, colaborativa e idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa”, comentó.

El legislador por el Estado de México aseguró que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar.