El senador del PRI, Arturo Zamora Jiménez, presentó una iniciativa de reformas que propone tipificar como delito federal las bromas o llamadas falsas al número de emergencia 911, así como sancionar con cuatro años de prisión a quienes realicen este tipo de acciones.

En tribuna en la sesión ordinaria expuso que es de vital importancia el éxito de este nuevo programa, que busca homologar en un solo número todos los servicios en caso de accidentes, incendios, delitos o cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la vida, la integridad o el patrimonio de los habitantes del país.

Sin embargo, para que ese sistema opere de forma eficiente y con ello los servicios de emergencia, ya sean ambulancias, bomberos, policías, personal de protección, puedan actuar con prontitud y sin distracciones, es necesario sancionar a quienes hace un mal uso de los servicios por medio de llamadas falsas o bromas.

El legislador por Jalisco expuso que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del presente año, se recibieron en México un total de 58 millones 924 mil 507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 52 millones 828 mil 320, es decir, el 90 por ciento fueron bromas o improcedentes. Es decir 9 de cada 10 llamadas son falsas.

Zamora Jiménez argumentó que se estima que cada día se realizan 300 mil llamadas improcedentes, lo que significa 12 mil 500 cada hora y 208 cada minuto, lo cual es muy grave ya que se calcula que 9 de cada 10 llamadas a los servicios de emergencia son falsas y en la mayoría de los casos la realizan menores de edad, por lo que dicha situación se incrementa en periodos de vacaciones.

Expuso que las pérdidas generadas por las llamadas de broma, de acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, la movilización de una ambulancia tiene un costo aproximado tres mil 500 pesos. "Si este factor lo multiplicamos por las miles de llamadas falsas que logran concretarse, el daño patrimonial para el Estado resulta escandaloso y completamente injustificable".

Frente a esta situación se propone reformas el Artículo 252 bis del Código Penal para tipificar como delito federal el uso indebido de los servicios de emergencia, estableciendo una pena de dos a cuatro años de prisión, así como una sanción de 100 a 500 días de multa.

Las penas para el delito de uso indebido de los servicios de emergencia aumentarían en una mitad cuando como consecuencia de la movilización de los servicios de emergencia se provoquen daños o pérdidas materiales de cualquier índole y en casos de reincidencia.

Asimismo, se propone establecer la responsabilidad civil de los padres o tutores en caso de que las llamadas de broma o falsas sean hechas por niños o adolescentes.

Además, se plantea reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a las empresas telefónicas y concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia facilitando el nombre, denominación o razón social y domicilio de los suscriptores de las líneas que sean utilizadas para cometer el delito de uso indebido de los servicios de emergencia.

Finalmente, la iniciativa contempla que el Instituto Federal de Telecomunicaciones implemente campañas de información y sensibilización, antes de la entrada en vigor de las sanciones penales, sobre el uso correcto del número para servicios de emergencia, así como las sanciones correspondientes a quien haga mal uso del 911.