El concepto de la “renta de vientres” en el contenido de la Ley para la Familia podría eliminarse a solicitud de quienes intervienen en los foros para la redacción de esta Ley, porque puede prestarse a irregularidades.

Sin embargo, Sandra Rodríguez, consejera jurídica del Gobierno del Estado, explicó que corresponderá al Poder Legislativo determinar si se mantiene la propuesta en la iniciativa, una vez que sea presentada para su dictamen y votación.

Rodríguez recordó el caso que se dio en Tabasco donde opera esa figura en la Legislación local.

Añadió que a esa entidad acuden personas de otros estados y países para beneficiarse con dicha ley, además de que proliferaron los establecimientos que ofrecen los procedimientos para llevar a cabo la maternidad “por contrato” o subrogada.

La funcionaria estatal estuvo ayer en el Congreso del Estado para reunirse con las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de Defensa de los Derechos Humanos, así como de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Lo que se ha valorado es si se insiste en la regulación o no de la figura; el Congreso del Estado ya tomará esa decisión, pero después de hacer un análisis en forma conjunta con la autoridad jurisdiccional para ver si se determina que pudiera eliminarse del proyecto original.

Por ahora, solamente en Tabasco se regula esa figura, incluso, pudiera establecerse en Coahuila, sin embargo, falta trabajar más en ello jurídicamente y revalorar situaciones, como quién puede solicitar el tratamiento”, destacó.

Dijo que en Coahuila quizá falta madurar la figura para que no se preste a otro tipo de situaciones como las que se han presentado en Tabasco.

“Se pudiera prestar a que vinieran personas de otro lugar a solicitar la renta del vientre con otra finalidad, y regular a quienes pudieran tener bancos de ese tipo de material genético”, dijo.

“Puede dar pie a situaciones que habría que redimensionar… no sé si se le puede llamar de esa manera, tendría que acreditarse que existe un ilícito para poderlo calificar de esa manera, tendría que redimensionarse las consecuencias jurídicas de la persona que se presta para un procedimiento de esa naturaleza y de las instituciones que hacen ese tipo de procedimientos”, finalizó.