Con el objetivo de reducir el riesgo de que se cometan actos de violencia sexual contra los estudiantes, el Congreso del Estado estudiará establecer como requisito para la operación de escuelas públicas y privadas de cualquier nivel, que tanto el personal docente como el administrativo, sea cometido y acredite pruebas psicológicas.

Dadas las recientes denuncias de abuso sexual en planteles educativos de diferentes niveles en Coahuila, el diputado local independiente, Édgar Sánchez Garza, presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación para endurecer los filtros en la contratación de personal de las instituciones educativas.

“Aumentando las penas por la ejecución de delitos de abuso sexual en menores, es solo una parte para poder disminuir la estadística de este tipo ilícitos, por lo que se hace necesario reformar la ley Estatal de Educación, como una forma complementaria de atacar de manera integral este grave mal que está afectando a nuestros menores coahuilenses”, señaló el legislador.

Por lo tanto, la propuesta de Sánchez Garza consiste en modificar el artículo 75 de la Ley Estatal de Educación, que enumera los requisitos para que la Secretaría de Educación otorgue su autorización para la operación de escuelas públicas y privadas de cualquier nivel, para exigir pruebas psicológicas al personal docente y administrativo de esos planteles.

“Cuenten con el personal docente y administrativo que acredite la preparación académica, así como el perfil laboral y psicológico adecuado, tanto para impartir el tipo de educación de que se trate, así como para la realización de actividades administrativas y de apoyo, además de cumplir con lo previsto en el artículo 15 de la presente ley”, se propone agregar al citado artículo.

El legislador consideró que actualmente muchos centros educativos contratan personal con un perfil psicológico inadecuado, lo cual eleva el riesgo de que se registren abusos sexuales u otro tipo de violencia contra los estudiantes.

“Esta reforma permitirá identificar si alguna persona tiene alguna desviación psicológica, que pueda poner en riesgo la integridad de los menores”, concluyó Sánchez Garza.