Con el objetivo de dar mayor pluralidad a los Ayuntamientos, el Congreso del Estado analizará una iniciativa popular que propone que a partir de las próximas elecciones en las que se renueven los presidentes municipales, también los regidores sean elegidos a través del voto popular.

El ciudadano Érick Rodrigo Valdez, quien ha presentado más de 30 iniciativas populares al Congreso del Estado, entregó un nuevo paquete de 3 propuestas de reforma a diversos ordenamientos estatales en materia electoral, de transporte y de educación.

La primera de las iniciativas consiste en reformar el Código Electoral del Estado, con el objetivo de que a partir de las próximas elecciones de presidentes municipales, los regidores también tengan que ser elegidos a través del voto popular. El objetivo de dar más pluralidad y dinamismo al trabajo dentro de los Cabildos de los municipios.

“Actualmente vemos y durante mucho tiempo ha sido así, que los Cabildos, como ingresan por planillas, sirven al interés del alcalde ganador y todo le votan a favor. Los regidores de oposición son minoría, entonces no tienen margen de obra ni de trabajo. Las modificaciones son para que los regidores puedan ser electos a través del voto popular”, dijo Valdez.

OPERATIVOS ANTIALCOHOL

La segunda propuesta contempla modificar el Código Penal de Coahuila y la Ley de Transporte y Movilidad del Estado, para que los operativos antialcohol sean preventivos y por ley, cuando detengan a algún conductor que sobrepasa los límites permitidos, puedan hablar a sus familiares para que acudan por el vehículo.

OBLIGATORIA LA PRUEBA CONTRA VIH

Finalmente, el ciudadano también planteó una modificación a la Ley de Educación del Estado, para que todos los planteles de educación Media y Superior, semestralmente realicen pruebas de VIH a todos sus estudiantes. “Es un tema importante de salud, pareciera que no se le toma importancia, pero debemos de estar enfocados en estas enfermedades”, comentó.

Todas las propuestas serán turnadas a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, donde en primera instancia se evaluará si las iniciativas cumplen con los requisitos que marca la Ley de Participación Ciudadana del Estado para las iniciativas populares.