El Congreso del Estado impulsará la creación de un registro de conductores de vehículos de procedencia extranjera que no están regularizados en el Estado. El presidente de la Junta de Gobierno, Samuel Rodríguez, señaló que es necesario para fines de seguridad pública.

A raíz de la propuesta del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de regularizar los autos “chocolate”, Rodríguez Martínez señaló que el Congreso del Estado no tiene la facultad de promover la regularización en sí, aunque aseguró que sí van a buscar crear un registro para identificar a los conductores de esos vehículos.

“Necesitamos que la gente sepa quién conduce tal o cual vehículo, que no tiene ninguna identificación ni placa, es un tema de seguridad. No podemos nosotros iniciar un proceso de regularización ni fomentarlo desde el Congreso, es un tema de la autoridad federal, pero sí podemos incidir en el tema de que exista un registro estatal para que sepamos quién lo conduce”, explicó

Aseguró que todos los partidos que tienen representación en el Congreso del Estado coinciden en la necesidad de crear el citado registro, pues dijo que es fundamental que cuando algún vehículo extranjero se vea involucrado en un percance, sería de utilidad saber quién lo conduce.

“Debemos de ser responsables y buscar que quienes se encuentran en esa situación, primero puedan resolver la situación jurídica, pero le sirve a la sociedad, no solo por el tema de la delincuencia organizada, sino con algunos daños que se pueden causar, inclusive hasta provocarle a alguien la pérdida de la vida y nadie se hace responsable”, cuestionó.

La problemática de los autos ‘chuecos’ es de competencia cien por ciento federal, por lo que deberá ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de dar a conocer si se aprueba o no un proceso de regularización, el cual evidentemente tendrá que pasar por la Cámara de Diputados para que sea aplicable en todo el territorio nacional, y así terminar con los famosos carros ‘chuecos’.

Tan solo en La Laguna se calcula que circulan unos 20 mil vehículos introducidos al país de manera ilegal.