Con información de Karla Tinoco / Armando Ríos 

Tras el conflicto que mantiene Ángela Hernández Arenas para la recuperación de la custodia de su hijo de seis años, Yezka Garza Ramírez, titular de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), se deslindó del caso argumentando que ya no está en poder de decisión de esta dependencia a su cargo, ya que será un Juzgado de Distrito quien se encargará de resolver la situación. 

“Estamos esperando a que los Juzgados de Distrito se pronuncien sobre los recursos”, aunque desconoció la fecha en que se dará la resolución. 

La Procuradora precisó que en el caso de Ángela Hernández la dependencia actuó apegada a derecho, utilizando las facultades que marca la ley para la protección del menor. 

“El único interés que prevaleció en el actuar en la Procuraduría fue el de proteger sus derechos, los cuales en su momento contamos con elementos para acreditar que fueron vulnerados, emitiendo entonces la medida de protección correspondiente”, expresó Garza Ramírez. 

Puntualizó que este caso ha sido tratado con el mismo profesionalismo que se han atendido los más de 16 mil casos que ha atendido Pronnif en los últimos 2 años y medio. 

Finalmente, lamentó que se litigue en medios de comunicación un caso entre particulares, pues se podría revictimizar a un niño. 

RESPALDA RMV LABOR DE TITULAR DE PRONNIF
 
Por otro lado, el gobernador Rubén Moreira respaldó la labor de Yezka Garza al frente de Pronnif, al señalar que la funcionaria ha sido de fiar. 

Al preguntarle sobre los exámenes de confianza de Garza Ramírez, el titular del Ejecutivo señaló que no todo el gabinete está obligado a practicarse dichas pruebas. 

“No tenemos obligación. Por ejemplo, el Secretario de Educación o el de Obras Públicas no tienen por qué presentar exámenes. Todos los que tengan la obligación, en los términos lo harán”, dijo Moreira Valdez. 

En el caso de Pronnif, esta dependencia se incluyó en la Ley de Seguridad Pública de Coahuila, que expresa que la titular de la Pronnif y su personal deberían ser sometidos a evaluación y acreditación de confianza, antes de ser reformada en marzo pasado, cuando desapareció el artículo 282 que incluía dicha obligación. 

Del conflicto que enfrenta Ángela Hernández Arenas, Rubén Moreira aseguró que “el caso será resuelto tal y como lo han hecho con los demás, a pesar de las apelaciones”.

Según información de Hernández Arenas esta situación podría tener una resolución a inicios de diciembre.