El papa Francisco promulgó el viernes una nueva y amplia legislación sobre abusos sexuales para el personal del Vaticano y los diplomáticos de la Santa Sede en el extranjero que requiere que las denuncias sobre presuntos abusos se reporten de inmediato a la fiscalía vaticana. Este cambio de política busca convertirse en el ejemplo para la Iglesia católica en todo el mundo.

La provisión legal sobre los reportes obligatorios es la primera vez que el Vaticano eleva a ley el requisito de que los funcionarios católicos informen sobre las denuncias de supuestos abusos sexuales a la policía o enfrenten multas y posibles condenas de cárcel.

Francisco hizo públicas además directrices para la protección de menores en la ciudad-estado del Vaticano y en su seminario para jóvenes, tras el escándalo mundial sobre abusos sexuales que resurgió el año pasado y luego de que The Associated Press reveló que la institución no tenía ninguna política para proteger a los menores de los curas pederastas.

Por primera vez, la ley ofrece una definición explícita de “personas vulnerables”, que tienen derecho a las mismas protecciones que la ley eclesiástica ofrece a los menores. El Vaticano enmendó su ley canónica sobre abusos sexuales para incluir a “adultos vulnerables” hace varios años, pero nunca había definido esta categoría.

Según la nueva definición vaticana, una persona vulnerable es aquella que esté enferma o sufra una deficiencia física o psiquiátrica, no pueda ejercer su libertad personas aunque sea ocasionalmente y tenga una capacidad limitada para entender u oponerse a un delito.

La cuestión de si los seminaristas adultos, las monjas y otros adultos que dependen emocional o financieramente del clero pueden considerarse “personas vulnerables” surgió tras el escándalo del excardenal Theodore McCarrick, un exalto cargo de la Iglesia en Estados Unidos acusado de abusar de seminaristas, y las revelaciones de que curas y obispos se aprovechan sexualmente de religiosas.

La nueva ley afecta a todo el personal que vive y trabaja en el Vaticano, una ciudad-estado de 44 hectáreas (110 acres) ubicada en el centro de Roma, además de al vasto cuerpo diplomático de la Santa Sede en sus embajadas de todo el mundo.

Nuncios vaticanos han protagonizado algunos de los casos de abusos más escandalosos de los últimos años, con embajadores papales acusados de tocamientos indeseados, distribución de pornografía infantil y abuso sexual de menores en sus lejanos puestos.

La nueva legislación exige que cualquier funcionario de la Santa Sede que tenga constancia de un supuesto abuso debe reportarlo a la fiscalía vaticana “sin demora”. No hacerlo podría conllevar una sanción económica de hasta 5,000 euros (5,615 dólares) o, en el caso de un gendarme, una pena de hasta seis meses de cárcel.

Según la ley, las víctimas serán recibidas y escuchadas y se les proporcionará asistencia médica, psicológica y legal. Además, establece que los delitos no prescribirán hasta transcurridos 20 años a partir del 18vo cumpleaños de la víctima.

Las instituciones vaticanas deberán proteger a las víctimas y a sus familias de cualquier tipo de represalia, señala el texto respondiendo a una antigua demanda de los afectados.