La organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) envió una carta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para exigir que el gobierno federal no vulnere los derechos de las y los ejidatarios de Chihuahua y Durango, a cambio de beneficiar a mineras canadienses que se encuentran trabajando en tierras ejidales. 

En una carta firmada por Alejandra Ancheita Pagaza, directora Ejecutiva de ProDESC, se exhorta al presidente no ceder a presiones de inversionistas canadienses. Se expone que la organización tuvo conocimiento que, a nombre de varias empresas mineras, la Cámara de comercio de Canadá en México y la propia ministra de Comercio de aquel país, Chrystia Freeland, han solicitado a Enrique Peña Nieto que su gobierno garantice certidumbre para las inversiones de empresas canadienses. 

Sin embargo, ProDESC expone en la carta los abusos y arbitrariedades que han existido hacia el Ejido La Sierrita de Galeana, en Durango donde se encuentran importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A de C.V. En esta zona, recordó ProDESC, se han registrado serias violaciones a los derechos humanos y patrimoniales de las y los ejidatarios.

Recientemente el Tribunal agrario estableció el término de la relación contractual entre ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita y Excellon de México, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al Ejido, así como el pago de una cláusula penal establecida en el contrato por la cantidad de 5.5 millones de pesos a favor del Ejido. Asimismo, este Tribunal estableció que el Ejido debía pagar a la empresa la cantidad de 5 millones 612 mil 38 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago.

El ejido y ProDESC consideran una violación al artículo 27 de la Constitución que reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, por lo que ya procedieron a interponer un amparo. 

“No permita que su gobierno, por otorgar supuesta certeza jurídica a las empresas, vulnere los derechos de las y los ejidatarios. El desarrollo y la inversión tienen que darse con los más altos estándares internacionales en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos y así evitar incurrir en abusos hacia comunidades agrarias e indígenas”, termina la misiva.