De acuerdo con las afirmaciones de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la entrada en vigor del nuevo esquema de compra de carbón, mediante las “subastas a la inversa”, habrá de terminarse con el intermediarismo, práctica mejor conocida como “coyotaje”.

Hasta ahora, según cifras de la paraestatal, la Promotora para el Desarrollo Económico de la Minería había sido el principal intermediario en la venta de carbón, pues le “vendía” a la CFE 3.3 millones de toneladas anuales del mineral.

A partir de la entrada en vigor del nuevo esquema de compra de carbón, la Prodemi perderá más de la mitad de su “negocio” pues sus ventas se reducirán a 1.5 millones de toneladas y, al menos en teoría, eso ocurrirá solamente mientras se termina su contrato en septiembre del año próximo.

Vale la pena que se haga un análisis serio respecto de las razones por las cuales la Comisión Federal de Electricidad decidió abandonar el esquema de compra del carbón a través de la instancia creada desde el Ejecutivo estatal para tal propósito.

Y es que, en primer lugar, conviene recordar que la razón de existir de la Prodemi era justamente combatir el coyotaje y evitar que los intermediarios -que ningún valor le aportan a la industria extrativa- terminaran siendo los únicos que ganaban dinero con la venta del mineral.

Que la CFE decidiera modificar su esquema para que cualquier productor, de forma directa, pueda venderles carbón, es indicativo de una sola cosa: la Prodemi terminó convirtiéndose en el principal “coyote” en este proceso.

No existe otra explicación lógica para el cambio de esquema, a menos que la realidad contradiga el razonamiento con un dato contundente: que los productores de carbón ganen con este esquema menos dinero del que han ganado vendiendo carbón a través de la Prodemi.

El otro dato que podría desmentir la conclusión es que la CFE reporte un precio promedio de la tonelada de carbón más alto que el pagado hasta ahora, lo cual querría decir que la Prodemi cumplía una función importante en el proceso de regulación del precio del mineral.

Pero si ninguna de estas cosas pasa, lo que quedará en evidencia es que la Promotora, lejos de constituir una ventaja para los productores de carbón y un auténtico pivote para el “desarrollo económico de la minería” en la entidad, en realidad fue un estorbo para tal propósito.

Y si eso fue así, la pregunta obligada es, ¿entonces que beneficios concretos se obtuvieron de esta instancia pública? ¿Quién se benefició con el intermediarismo institucionalizado de la Promotora?

La peor respuesta que pueden tener estas preguntas es la que todo mundo sospecha: que en realidad se trató solamente de una instancia que le reportó beneficios personales a unos cuantos.