Una servidora pública de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Coahuila fue separada de su cargo al ser vinculada a proceso por estar involucrada en la alteración de un pagaré que un despacho de cobranza buscaba cobrar por 460 mil pesos, cuando el préstamo era por 46 mil pesos.

Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del PJECZ, informó que además de ésta, internamente hay abiertas varias investigaciones contra funcionarios por este tipo de acciones.

Precisó que el 90 por ciento de los casos en juzgados mercantiles tienen que ver con un pagaré.

Cristina N, secretaria de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Coahuila, fue vinculada a proceso al comprobarse la alteración del documento en aparente contubernio con el despacho de cobranza.

“Acabamos de separar a una secretaria de la Defensoría Pública en Saltillo porque prestó 46 mil pesos, se llama Cristina, y en el Juzgado Mercantil con sentencia ejecutoriada se comprobó que se había alterado el pagaré y habían solicitado el cobro de 460 mil pesos, diez veces más”, detalló Mery Ayup.

Dijo que la persona afectada por esta acción presentó entonces una denuncia por fraude procesal.

“Se le ha vinculado a proceso a Cristina N, la hemos separado del cargo en tanto dure la investigación. Ella prestó este recurso y resulta que el despacho al que ella, supuestamente le vende su cobranza, es el mismo despacho de abogados que ahora la defiende”, informó el presidente.

INICIAN CAMPAÑA ‘PONTE TRUCHA’

En este contexto, Mery Ayup informó que próximamente iniciarán la campaña “Ponte Trucha”, a través de la cual informarán a la gente del procedimiento seguro sobre cómo contratar pagarés.

“Viene una campaña que se llama ‘Ponte Trucha’, es decir, ponte ‘trucha’ para saber cómo debes firmar un pagaré, tú pediste 5 mil pesos y al rato te andan cobrando 50 mil porque no llenaste con letra lo que pusiste con número”, dijo.