San Juan. El proceso judicial de quiebra del gobierno de Puerto Rico comenzará el 17 de mayo en una sala del Tribunal Federal de Estados Unidos en San Juan, según la primera orden emitida por la jueza federal Laura Taylor Swain, designada por el Tribunal Supremo estadunidense para dirigir este caso.

La jueza también estableció el plazo para que las partes interesadas puedan presentar mociones. La Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas de la isla tendrá que presentar una agenda de trabajo para el primer día de audiencia.

Puerto Rico se acogió recientemente a un proceso similar a la quiebra dispuesto en la Ley Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) que aprobó el Congreso de Estados Unidos para atender la crisis fiscal de la isla.

Se trata de un caso histórico, pues es la primera vez que un estado bajo la jurisdicción de Estados Unidos presenta una quiebra.

Establecerá jurisprudencia para otras localidades de ese país que enfrentan situaciones parecidas a las de la isla, un estado libre asociado con Estados Unidos.

Se considera además uno de los casos de quiebra de mayor cuantía por la cantidad de la deuda involucrada, de cerca de 69 mil millones de dólares, que se considerada impagable en sus términos actuales.

La decisión de acogerse a la quiebra se adoptó después de que el pasado 1 de mayo venciese la moratoria que impedía la presentación de acciones legales de cobro por parte de acreedores contra el gobierno de Puerto Rico.

Tras la expiración de dicha moratoria se produjo de inmediato un aluvión de demandas contra la administración puertorriqueña, por lo que se optó por buscar la protección de los tribunales.

Además del gobierno central, la Junta solicitó protección judicial para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), una entidad creada por el gobierno de Puerto Rico para financiar operaciones mediante un endeudamiento que está garantizado por la recaudación del impuesto local sobre las ventas.

Hasta ahora esa fue la única deuda del gobierno central que se pagó, pero el Ejecutivo actual se dispone a utilizar una parte mayor de esa recaudación para atender a su situación fiscal, por lo que se esperan demandas de esos acreedores para evitarlo.

La vista del 17 de mayo fue descrita como una sesión para establecer cómo se administrará el caso, las reglas que se aplicarán y los tiempos para tramitación de notificaciones y mociones.