En febrero pasado las acusaciones contra Ricardo Anaya por supuestamente orquestar una red de empresas fachada que triangularon y simularon la compra-venta de una nave industrial en 54 millones de pesos para beneficiar a una compañía de su propiedad, pusieron al presidenciable en la controversia.

De inmediato Anaya contraatacó con una serie de señalamientos al actual gobierno, como el caso de la “Estafa maestra” o la “casa blanca”. No obstante, el blanquiazul ya tenía agendado el tema de tiempo atrás.

“Mi planteamiento era romper el pacto de impunidad”, dijo el panista en entrevista con Aristegui, “es decir, castigar a quienes hubieran cometido actos de corrupción (…) Creo que los señalamientos de corrupción a este Gobierno son gravísimos”, indicó Anaya

El expresidente del PAN aseguró también en una entrevista para Univisión que, de ganar la Presidencia, aplicará sanciones a quienes hayan cometido actos de corrupción en el actual gobierno, mediante la creación de una Fiscalía Autónoma y una “Comisión de la Verdad”, similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que abriría procesos penales contra Enrique Peña Nieto.

NO ES TAN FÁCIL

“El CICIG es novedoso desde el punto de vista internacional (…) Es un organismo que no es de la ONU y no es de Guatemala. Se trata de una organización internacional autónoma. Independientemente de la efectividad del acuerdo, manifiesta un deseo de mejorar o de transparencia”, dice Antonio Franco, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid.

Añade que “es totalmente valido porque es como cualquier tratado internacional (…) no tiene funciones judiciales (…) respeta totalmente eso (…) Pero sí tiene funciones mucho más amplias”.

En cuanto a viabilidad, esta iniciativa la tiene (técnica y jurídicamente), pero en una federación como México enfrentará un largo proceso.

“Primero se necesitaría reformar todo el sistema penal estatal y federal, así como los códigos federales. Eso sin contar que antes tendría que ratificarse por el Senado”, dice Franco, quien señala otros detalles para una propuesta de esta naturaleza.

“Tiene cierta carga de moralidad. Tampoco es muy fácil. Uno: se necesitaría voluntad política. Y dos: se necesitaría una reforma amplia de todo el sistema penal, tanto estatal como federal… Reformar los códigos federales”, añade.

La CICIG fue creada en 2006 en un acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala; su finalidad es apoyar a diversas instancias del país centroamericano en la investigación de delitos cometidos por integrantes de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, y en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

En caso de que Anaya llegara a Los Pinos tendría las facultades de gestionar el tratado, pero para poder aplicarse a nivel nacional tendría que pasar por el Senado.

“Ya firmado internacionalmente, obliga a México internacionalmente, pero ya otra cosa, es aquí”, agrega el investigador.

“Tendría que ratificarse por el Senado, luego tendrías que hacer toda la legislación interna para poder aplicarlo… Sólo no puede. Estamos hablando de reformas a leyes y reglamentos orgánicos”, concluye Franco.

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