El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, evidenció que los centros penitenciarios en el país tienen calificaciones mediocres por sus irregularidades en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la calificación de 130 penales estatales es de 6.21, los centros federales 7.36 y la de las prisiones militares de 7.93.

Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, reconoció que en los penales existen deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos y dijo que la situación actual no permite que el sistema penitenciario esté plenamente organizado y opere con respeto a los derechos humanos.

González Pérez advirtió que la fuga de Joaquín Guzmán Loera y el motín en el penal de Topochico "han puesto en evidencia las vulnerabilidades y fallas de nuestro sistema penitenciario, no debemos esperar a que ocurran hechos graves dentro de un centro penitenciario para voltear a ver esa problemática".

De acuerdo al diagnóstico, los penales estatales peor calificados están en Nayarit donde se les evaluó con 4.11; Quintana Roo con 4.43 y Guerrero con 4.99.

Los penales mejor calificados están en Guanajuato con calificaciones de 8.02; Aguascalientes 7.75; Baja California 7.42; Chihuahua 7.38 y Tlaxcala con 7.34.

De los 130 penales estatales, en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia; en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos, es decir, no cuentan con acciones para prevenir fugas, riñas, lesiones, homicidios y motines.

En 71 penales se observaron casos de autogobierno o deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad, además de hacinamiento, pues hay celdas donde deberían estar máximo 4 internos y hay hasta 30.

En 73 centros hay áreas de privilegios con presencia de objetos prohibidos; en 58 centros deficiencias en las condiciones materiales y de higiene. En 63 penales hay mala calidad en la elaboración y preparación de alimentos.

En el caso de los 21 penales federales, en 16 centros penitenciarios se observó insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15 hubo deficiencias en programas de prevención a adicciones y desintoxicación; en 14 son insuficientes las actividades laborales; y en 11 centros visitados se encontró nula clasificación entre procesados y sentenciados, advirtiéndose en 8 casos hacinamiento.

Además, en 8 centros penitenciarios la CNDH observó falta de acciones para atender y prevenir incidentes violentos; en 6 detectó sobrepoblación penitenciaria; mientras que en 7 había malas condiciones materiales y de higiene en las instalaciones.

También observó que en 8 centros penitenciarios federales había deficiencias en la integración de expedientes de los reos.

La CNDH también visitó prisiones militares, en las 3 revisadas comprobó que había falta de actividades laborales y capacitación, lo que dificulta la reinserción social.

Para llegar a estas conclusiones la CNDH hizo visitas a los centros penitenciarios entre junio y octubre de 2015.

Las revisiones se hicieron bajo una perspectiva de derechos humanos, a través de recorridos de supervisión, entrevistas directas a funcionarios e internos.

En los cinco informes sobre el tema se revela que los penales no alcanzan condiciones deseables para la reincersón social.

González Pérez dijo que el diagnóstico no tiene por objeto descalificar a las autoridades o instituciones, sino llamar la atención y mejorar las condiciones de internamiento.

Y destacó la necesidad de que se concluya con urgencia el proceso legislativo y se emita la Ley de Ejecución Penal con un perfil de derechos humanos que propicien la reinserción social.