Como sabemos, este año que inicia está marcado por los procesos electorales que tendrán lugar en 12 entidades federativas. En términos políticos, la prioridad es imponerse sobre los adversarios de manera contundente. Estas condiciones favorecen el uso de cualquier tipo de información para denostar a los rivales y enaltecer a la facción propia. Se trata pues, de una situación consustancial a la contienda electoral, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero. Al entenderlo así, evitaremos generar una aprehensión que no se justifica y que impide aprovechar de mejor manera esta coyuntura, propia de un entorno democrático. 

En este sentido, los resultados derivados de la fiscalización superior pueden convertirse en un instrumento de golpeteo político, dado que en un ambiente altamente competitivo se generan condiciones naturales para tomar ventaja de todo lo que esté a la mano para desvirtuar a la parte contraria. Justamente, en estas primeras semanas del año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicia el proceso de elaboración de su Informe General de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, con una visión de mejora continua y de contribuir a un diálogo propositivo en torno a la gestión pública. 

Por lo general, pueden distinguirse dos vías para blindar el ejercicio de la auditoría gubernamental. La primera se ilustra con el caso de la Cour des Comptes de Francia —instancia equivalente a la ASF— la cual, de acuerdo con su marco legal, deja de presentar resultados de su trabajo de fiscalización durante el periodo electoral. En el caso de México, dada la continua necesidad de privilegiar la transparencia en la actuación pública, esta opción no resulta viable, ya que la rendición de cuentas no puede estar supeditada a los tiempos electorales. 

La segunda alternativa para establecer una frontera entre lo político y lo técnico es dar prioridad a la neutralidad, independencia y a la autonomía del ente auditor. A la fecha, podemos decir que nuestra institución ha salido avante en el cumplimiento de este compromiso tanto con la sociedad como con los partidos políticos. El quehacer de la ASF obedece a criterios objetivos, tanto técnicos como éticos. 

A pesar de la contienda política, es deseable que las agendas de las organizaciones partidistas incluyan, como un asunto de la mayor importancia, el diseño de las leyes secundarias que den sustento a la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Éste es un proyecto de Estado y, como tal, debe sustentarse en soluciones de política pública, operativas y factibles. El fin último debe ser el propiciar condiciones favorables en los distintos marcos de actuación de los servidores públicos y de los actores del sector privado que interactúan con el gobierno, con el objeto de revertir las tendencias actuales a través de una visión estructural y de largo plazo. 

En diversos foros se ha señalado la relevancia de contar con una participación plural en la discusión sobre la conformación del SNA; sin duda es necesario, pero el debate debería omitir juicios de valor, posiciones “políticamente correctas”, estereotipos y la obsesión por la inmediatez. Los costos y la gravedad del problema de la corrupción han sido ya suficientemente debatidos, por lo que es necesario enfocarse al diseño de diversas acciones concretas y asequibles. 

En suma, este proceso representa una valiosa oportunidad de hacer algo que ayude a mejorar la vida y convivencia en nuestro país. Centrémonos en cómo eliminar los incentivos y las condiciones que generan espacios para la comisión de actos irregulares. Valores como la rendición de cuentas, la integridad y el control, la cultura de la legalidad y la transparencia son cruciales para alcanzar este objetivo.