Las primeras 25 licitaciones para la exploración y explotación de petróleo, derivadas de la reforma energética, afectan a 83 ejidos de cinco estados, informó Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a los dirigentes de las 10 agrupaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP).

En la primera reunión con los integrantes del CAP, la titular de Sedatu –según versión del coordinador del CAP, Humberto Serrano Novelo– también puntualizó que serán 151 mil los documentos de dominio pleno que la institución deberá entregar antes de que concluya el primer trimestre del año para cumplir con las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto.

Los ejidatarios y comuneros requieren el citado documento para llevar a cabo el trámite de cambio de propiedad social a privada.

Serrano Novelo comentó que se establecerán mesas de negociación para abordar los temas del rezago agrario, la vivienda rural y la situación de los ejidos y comunidades afectados por la reforma energética.

Los dirigentes de las agrupaciones sostuvimos que no permitiremos atropellos ni abusos en el proceso de los contratos o expropiaciones para la exploración y explotación de petróleo y gas. La transición debe ser ordenada y con equidad, dijo.

Apuntó que en la reunión –que se realizó la mañana de ayer– se habló del relevo generacional en la propiedad de la tierra, pues la mayoría de los ejidatarios son personas de la tercera edad. Se propuso elaborar un programa para que los ejidatarios reciban un pago por su tierra de parte de sus hijos; es darles un retiro digno.

La sugerencia es que en lo anterior participen la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Agricultura para que sea no sólo el traslado de la tierra sino el compromiso de que será destinada a la producción de alimentos.

José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD) comentó que en la reunión demandó que la entrega de los documentos de dominio pleno no debe ser la prioridad de la política agraria pues ello implica la privatización de los ejidos y comunidades.

Además, los 450 millones de pesos asignados en este año para el rezago agrario son insuficientes, por lo que se acordó tener información puntual del costo de terminar con los conflictos agrarios y con ello resolver los asuntos más urgentes, así como avanzar en la ejecución de las resoluciones presidenciales que siguen pendientes.

En cuanto a los contratos con las empresas extractivas –mineras, petroleras o gaseras– se demandó la participación de todas las instituciones del sector agrario (Registro Agrario, Procuraduría Agraria y Fifonafe) para evitar abusos y desigualdades.

También se aceptó la participación de las agrupaciones del CAP en la Comisión Nacional de Vivienda para abordar el rubro de la vivienda rural y evitar que se favorezca a algunas organizaciones, sobre todo a las que llevan a cabo plantones.

Serrano Novelo y Durán Vera comentaron que el compromiso de la titular de la Sedatu es hacer un seguimiento mensual de los avances de los compromisos.