Ayer se llevó a cabo la primera consulta popular en la historia de nuestro país. De acuerdo con el conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), organizador del ejercicio, la participación ciudadana no llegó siquiera al 8 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Poco puede sorprender este resultado. Todos los sondeos realizados para estimar el interés de los electores anticipaban que no se registraría el 40 por ciento mínimo requerido por la ley para que el resultado de la consulta fuera vinculante, es decir, que obligara a las autoridades a actuar en el sentido de la mayoría de los votos.

Desde esta perspectiva, el resultado obtenido –una abrumadora mayoría por el “Sí”– es irrelevante, pues la participación se ubicó muy lejos del volumen requerido para obligar a las autoridades a tomar acciones. Si acaso, el resultado puede ser considerado testimonial.

Frente a los hechos resulta obligado cuestionar si el ejercicio valía la pena, sobre todo por el altísimo costo económico que implicó su realización –más de 500 millones de pesos– y los múltiples cuestionamientos relativos a la ambigüedad de la pregunta “corregida” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de octubre del año pasado.

Ni qué decir de lo previsible del resultado, incluso si la pregunta original hubiera prevalecido, pues prácticamente nadie, como no fuera quien se benefició en su momento de las decisiones presuntamente ilegales de los cinco expresidentes anteriores a López Obrador, se opondría a que se aplique la ley.

¿Ha valido la pena entonces “invertir” cientos de millones de pesos en un ejercicio cuya inutilidad formal quedó de manifiesto ayer? ¿Podían tener esos recursos un mejor destino en un país golpeado por múltiples crisis agudizadas por la pandemia?

Seguramente el presidente López Obrador dirá hoy, en su acostumbrada conferencia “mañanera”, que sus “adversarios conservadores”, los medios de comunicación y el INE desalentaron la participación de los ciudadanos y por ello no se logró una votación masiva. Pero repartir culpas no modificará un ápice los hechos.

Probablemente también, los alrededor de siete millones de votos que, como máximo, calculó el INE que habrían sido emitidos por el “Sí”, servirán de base para que el Gobierno de la República decida emprender acciones legales que impliquen investigar los presuntos delitos del pasado reciente.

Pero el hacer esto solamente reforzará el argumento de quienes señalaron reiteradamente la inutilidad de la consulta: no hacía falta realizar tal ejercicio para que la Fiscalía General de la República cumpla con el deber que le impone las leyes y que su titular protestó cumplir al asumir el cargo.

Por lo pronto, el ejercicio “histórico” de la primera consulta popular realizada en México quedará como una anécdota más de un gobierno para el cual la política parece más importante que la justicia y por ello se empeña en gastar dinero en ejercicios que carecen de utilidad práctica