El PRI, PAN y PRD presentarán en lo individual acciones de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional en Baja California, que amplía el mandato de dos a cinco años de Jaime Bonilla.

En rueda de prensa, los senadores del PAN, Kenia López y Damián Zepeda, lamentaron la decisión del Congreso local de declarar la validez constitucional, porque representa un “retroceso” en la democracia, para las instituciones y la vida de México.

En tanto, Damián Zepeda, criticó que el presidente Andrés Manuel López no hable de este tema.

“Hipócrita es decirte demócrata y no defender la democracia; hipócrita es conocer de una ilegalidad y permitir que ésta suceda; hipócrita es decir que no intervienes en algo, y el subsecretario de Gobernación de tu gobierno está defendiendo la reforma; eso es hipócrita. 

"El que no va a ayudar que no estorbe, así le digo, en la defensa de la democracia. Es una marranada lo que hicieron en Baja California y todo el que haya prestado y haya guardado silencio, está embarrado”.

Por otra parte, la ex presidenta del PRI y diputada federal, Dulce María Sauri, aseguró que su partido está listo para interponer los recursos legales que la Constitución marca para estos casos.

“Hasta el momento que sea publicada empieza a correr para hacer posible la interposición de la acción de inconstitucionalidad, el PRI a través de su Comité Ejecutivo Nacional, su propia presidenta, han señalado que está preparado para presentar esta acción de inconstitucionalidad y evitar esta grave violación al Pacto Federal”, expresó.

En tanto, Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, anunció que su partido promoverá también amparos colectivos para proteger a los bajacalifornianos de esta ilegalidad.

“Como hemos venido diciendo presentaremos la acción de inconstitucionalidad, una vez que se haya publicado el decreto. El Partido de la Revolución Democrática promoverá amparos colectivos de las ciudadanas y ciudadanos también en contra de esta definición, porque finalmente está violentado su libertad del voto que tienen las ciudadanas y los ciudadanos”, añadió.

Martí Batres, presidente del Senado, sólo recomendó a los partidos políticos acudir a la Corte para que sea la que resuelva sobre la legalidad y la constitucionalidad de la reforma aprobada por los diputados bajacalifornianos.

La oposición reiteró que el Ejecutivo Federal tiene la facultad legal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de interponer una acción de inconstitucionalidad contra lo que decretó el Congreso de Baja California.