México.- Continúan las repercusiones del litigio que enfrenta Grupo Cementos Chihuahua (GCC) con su exsocio, la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), pagar cerca de 50 millones de dólares y aunque GCC decidiera intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, se enfrentaría al hecho de que dicha instancia solo admite el uno por ciento de los casos que se le envían.

Hasta ahora, Grupo Cementos Chihuahua ha mantenido un total hermetismo sobre el laudo en su contra. Algunos analistas de la Bolsa Mexicana de Valores han expresado que el silencio de esta empresa podría estar incurriendo en alguna irregularidad frente a la Ley de la BMV, que justamente prevé la obligación de las empresas de informar en tiempo y forma a los inversionistas y accionistas de los eventos legales que lleguen a enfrentar. 

De acuerdo con estos analistas, el caso cobra mayor relevancia en tanto que la sentencia de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos confirma también el laudo arbitral amparado en la Convención de Nueva York, que es un acuerdo internacional, del que México forma parte, y que precisamente obliga a los juzgados y tribunales de los países firmantes a hacer cumplir laudos arbitrales extranjeros.

En medio de este panorama, de por sí negativo, GCC ha registrado algunas pérdidas en su utilidad neta y la cotización de sus papeles ha ido a la baja.

La cementera mexicana fue notificada por la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos acerca de la confirmación del veredicto que ya antes había tomado un Tribunal de Colorado en el sentido de que debe pagar a CIMSA.

Las causas del conflicto se remontan al año 2011, cuando la empresa GCC decidió vender buena parte de sus acciones con las que participaba en la Sociedad Boliviana del Cemento (SOBOCE) al Consorcio Cementero del Sur, S.A., pasando por alto un acuerdo previo que otorgaba derecho preferencial para adquirir estas acciones a CIMSA. 

La empresa boliviana CIMSA ha venido desde ese entonces reclamando un importante pago, por lo que sus abogados acusan daños causados por la violación del acuerdo entre accionistas de ambas empresas. 

De acuerdo con fuentes cercanas a CIMSA, el laudo a su favor emitido por la Corte de Apelaciones –y que ratifica el fallo que desde abril de 2019 había emitido un juez de Distrito en Colorado--   es el final de un largo proceso legal que la cementera mexicana ha intentado prolongar una y otra vez.

Aunque los representantes legales de la empresa CIMSA en este conflicto, no han emitido un comunicado oficial, se sabe que examinan las formas en que se aplicará la sentencia de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.