La pretensión de revisar o cancelar los contratos de las rondas petroleras es “demagogia”, ya que se han otorgado de forma transparente, tienen cláusulas precisas para su rescisión, y la única autoridad que lo puede hacer es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Así lo dijo el socio de la firma de abogados Gardere, Daniel Aranda, quien explicó que no pueden ser terminados por una decisión política, sin que exista algún medio de defensa; inclusive, si se realizará alguna expropiación esta el tema de daños y perjuicios, además de la indemnización que tendrían que pagar el gobierno.

“No pueden dejarse sin efecto de manera caprichosa, cada contrato tiene cláusulas de rescisión administrativa y cláusulas de rescisión contractual como cualquier otro contrato, todo esto está regido bajo la Ley de Hidrocarburos; lo que dicen los medios y un político es demagogia pura, legalmente están obligados a respetarnos”, afirmó.

De acuerdo con el abogado, los contratos están también hechos, están establecidas de manera expresa en el contrato las cláusulas por las cuales se pueden rescindir, que son por incumplimiento en el plan mínimo de inversión o de trabajo, un accidente ambiental, o muerte fatal que sea atribuible al contratista.

Expuso que si bien una rescisión administrativa que es imperio del Estado, no es arbitraria, dado que implica un periodo de investigación, después se inicia el procedimiento y la empresa tiene 90 días para aportar pruebas y una vez que lo hace se toma una determinación, esa decisión también está sujeta ser revisada por los tribunales.

Daniel Aranda señaló que otra causa por la que también pueden ser terminados es por renuncia de las áreas contractuales por parte de las compañías, la cual es una posibilidad que tienen los contratistas en el marco legal, pero existen penas y mecanismos para solucionar sobre cómo se devuelve al Estado.

Y también existiría otra vía que es la ley de expropiación, que no es exclusiva de la ley de hidrocarburos, pero estos contratos no pueden ser terminados por capricho de algún político o por una decisión política sin que exista algún medio de defensa.

Sin embargo, señaló que en caso de que se decidiera hacer una expropiación, habría daños y perjuicios, una indemnización, además que las empresas tienen la garantía de que México cuenta con convenios con la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, que protegen a los inversionistas extranjeros.

“Quien hiciera esa locura tendría que pagar a valor de mercado la totalidad de los activos, incluso la proyección de activos de dichos extranjeros de sus inversiones en México, por lo cual es improbable que lo puedan hacer”, detalló.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener) hasta el momento se ha asignado 107 contratos, con una adjudicación del 67 por ciento y una utilidad para el Estado del 74 por ciento de lo que produzcan estos contratos sí se da el éxito geológico, además de tres farmouts, cuya inversión ascendería a 161 mil millones de dólares.

Para el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), Alberto de la Fuente, todo está basado en un cambio constitucional difícil de revertir, además de que confían en el Estado de derecho del país.

El representante del sector señaló que el segundo punto es la transparencia y pulcritud con que se han llevado los procesos, ya que la CNH instrumenta las mejores prácticas internacionales.

También, agregó, están los beneficios para el país, ya que los 253 mil millones de dólares que traerá de inversión es un monto que no hubiera podido hacer el Estado mexicano y que es mejor dejárselo al sector privado, por lo que “quien llegue deberá de ver estos beneficios y darle continuidad a la reforma, por eso estamos tranquilos”.