En México, la Ley general de educación en su Artículo 25 dicta que: “El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gastos públicos correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del PIB del país, destinando de este monto, al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Publicas”. Lo que replica, casi a la letra, el Artículo 9 Bis de la Ley de ciencia y tecnología.

Por otra parte, cabe recordar que lograr esta meta (destinar 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico para 2018) fue un compromiso público que hizo Enrique Peña Nieto al principio de su gobierno, lo que por la tendencia actual parece quedará, lamentablemente y por diversas razones, como una promesa incumplida. No podemos omitir que durante los últimos tres años existió un apoyo gubernamental al sector reflejado en una creciente inversión presupuestal, lo que permitió reducir retrasos históricos, por lo que se entiende menos este paso hacia atrás.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2017) plantea realizar un recorte al sector de ciencia y tecnología equivalente a 23.3% (se pasará de un 0.48% del PIB aprobados en 2016, a un 0.42% para el próximo año y, en moneda, de 91 mil 650 millones de pesos, a 85 mil 833 millones). En el caso de la educación el recorte presupuestal es de 10.3%, lo que es trágico e, incluso, incongruente con una de las líneas principales de este gobierno que versa sobre la reforma del sistema educativo para garantizar su “calidad”.

Es consenso entre la comunidad académica y científica nacional, y así se ha hecho saber en múltiples foros durante años, que la inversión —no el “gasto”— en ciencia, tecnología e innovación debe impulsarse de forma decisiva y constante (transexenalmente y con presupuestos multianuales). Esto, si lo que realmente se pretende es que México entre en una espiral virtuosa de desarrollo y progreso tecnocientífico, social y cultural.

Quizás una buena opción para obtener los recursos que se requieren sin entrar en el vicioso juego de “jalar la cobija” (sumado a que el gobierno cumpla sus compromisos, así como que la iniciativa privada participe invirtiendo en el rubro), sería atajar el dispendio (a cargo del erario público) por parte de funcionarios, combatir plenamente la evasión tributaria (según el artículo de la revista Forbes, Evasión fiscal: dos caras de la moneda, la evasión del ISR en nuestro país equivale al 2.4% del PIB) y dejar atrás la a todas luces incorrecta práctica de condonar impuestos, sobre todo a las empresas que, en muchos casos, más que beneficiar al país lo utilizan de diversos modos. Por lo visto el problema no sólo está en la crisis mundial, la caída del precio del petróleo, o el factor Trump. La falta de dinero tiene que ver con las fallas en la recaudación fiscal y con la evasión de impuestos.

En la mano de los diputados está la oportunidad de velar por el bien común, tener visión amplia y estratégica, escuchar a los expertos, pensar a futuro, ser un contrapeso de las tendencias negativas que mantienen postrada a nuestra nación, representar los intereses de la nación y actuar en consecuencia deliberando responsablemente el presupuesto 2017. Un buen enfoque para ello se encuentra en el valiosísimo cuaderno de septiembre (2016) de la serie México frente a la crisis, elaborado por el “Grupo Nuevo Curso de Desarrollo” de la UNAM (véase www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx), donde se realiza un análisis profundo de la situación y la perspectiva económica nacional, además de ofrecerse propuestas concretas para activar el crecimiento, utilizar el espacio fiscal y fortalecer el papel de las finanzas públicas en el desarrollo mexicano.