Esta semana es el turno del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La tención mediática, política y de los mercados estará sobre todo el proceso inherente a su aprobación y que tiene como fecha límite el viernes 15 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más allá de la importancia misma que reviste este instrumento de ejercicio fiscal, en el sentido de la asignación de las prioridades de gasto y su posterior análisis para determinar quiénes fueron los sectores ganadores y cuáles los perdedores, es muy probable que las agencias calificadoras estén esperando los términos en que se aprobaría el dictamen para decidir si aprietan el gatillo de la rebaja en la nota crediticia.

Sólo de esta manera puede entenderse el por qué las agencias calificadoras aún no han degradado la calificación soberana. Más aún en un contexto de total estancamiento de la actividad económica en lo que va del presente año, situación que ha mermado notoriamente la recaudación, con la amenaza latente de que se evaporen este año y el próximo, los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Incluso, observando el panorama para el próximo año, las cosas pintarían exactamente igual. Una proyección optimista de crecimiento económico que de nueva cuenta será incapaz de cumplir con los estimados de recaudación, poniendo en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Son estas razones, por las cuales Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s se estarán esperando a los detalles contenidos el PEF 2020 para contar con mayores elementos –como si no hubiera ya suficientes– para tomar una decisión.

Aspectos tales como los recursos destinados al pago de pensiones, servicio de la deuda, apoyos a Pemex, gasto federalizado, así como la asignación presupuestaria a proyectos de infraestructura que permitan elevar la capacidad de inversión productiva del país, tanto pública como privada serán elementos críticos que se estarán analizando con lupa.

El asunto es que de los términos en que se termine aprobando el PEF dependerá también el destino del mismo Pemex y de las entidades federativas. En el caso de Pemex por la estrecha correlación y dependencia que existe entre las finanzas de la empresa productiva del Estado y las del Sector Público.

En lo que respecta a las entidades federativas, porque mientras dure esta etapa de estancamiento económico verán limitados los recursos que reciben de la Federación, vía menor gasto federalizado derivado de una menor recaudación federal. Durante los primeros nueve meses del año, los recursos entregados por la Federación a estados y municipios experimentaron una contracción del 3.9% en términos reales. Y este víacrucis apenas comienza.

Economista y Catedrático de la Universidad La Salle Saltillo