El último día de 2018, mañana, el Congreso del Estado votará el presupuesto de egresos para 2019. Y sobre él cabe hacer algunas consideraciones.

Será el primero que elabore con sus propias manos Miguel Riquelme pues el litigio postelectoral de 2017 –que terminó el 24 de noviembre, a una semana de tomar posesión- prácticamente le impidió redactar la hoja de ruta económica para 2018. Dicho de otra forma: por primera vez en 13 años no llevará el sello de un Gobernador apellidado Moreira.

Por otro lado, Coahuila dispondrá la bolsa más elevada de su historia para un ejercicio fiscal. Pesos más, pesos menos, alrededor de 50 mil 377 millones.

La mayor parte de los recursos provienen de la Federación. La entidad genera sólo 16 por ciento de ingresos propios. En una correlación de poderes el dato es un indicador importante para saber quién depende de quién más allá de autonomías.

Pero aquí viene lo interesante. Se presenta una oportunidad más para medir al Gobierno Estatal en un año no electoral. Para ver de qué lado están.

El 2019, justo es decirlo, iniciará con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más alta de la última década (8.25 por ciento) y con tendencia a subir más. Para dimensionar: cuando nos endeudaron irresponsablemente (2010) estaba en 4.85 por ciento.

Así, los cinco contratos que se firmaron el pasado 13 de noviembre a propósito de la tercera reestructuración de la deuda pública pagarán la TIIE mensual más un porcentaje pactado de 1.12 y 1.30 con Banobras, 1.35 con Banorte, y 1.50 y 2.25 puntos con Multiva. En el caso de la última institución bancaria, por ejemplo, la cifra total alcanza en este momento 10.50 por un crédito de 11 mil millones de pesos. Una sangría imparable.

Y los documentos amarran al Gobierno del Estado. Para poder hacer un abono al capital se sigue una regla: lo que se paga sirve para cubrir, en ese orden, gastos de juicio o cobranza, IVA sobre intereses moratorios, intereses moratorios, IVA sobre intereses ordinarios, intereses ordinarios, amortización del capital vencido y no pagado, intereses ordinarios pagaderos en la fecha de pago y, finalmente, amortización del capital vigente en la fecha de pago.

Es decir, los requisitos vuelven casi imposible hacer anticipos y favorecen al derroche eterno de intereses.

De acuerdo con lo filtrado esta semana por el Grupo Parlamentario del PAN, la administración estatal dice que recibirá 17 mil 508 de participaciones pero en realidad recibirá 21 mil 662. Habría, pues, un excedente de 4 mil 154 millones correspondiente al Ramo 28. Dinero fresco para lo que quieran, no etiquetado a obras o acciones en específico, con mínimas reglas de operación.

Su propuesta, por ello, es que la cantidad ‘sobrante’ se destine a la deuda pública. Y si bien lo ideal sería repudiarla, dicho de otra forma: desconocer lo contratado de manera ilegal (5 mil 300 millones), como se ha escrito en este mismo espacio, si no se atreven a pensar fuera de la caja o no hay consenso para ello lo menos dañino del asunto es efectivamente abonar al capital.

La fracción del PRI (10) y aliados en lo que va de la Legislatura (la diputada por el PRD, Claudia Ramírez Pineda, el ex UDC y ahora ‘independiente’, Edgar Sánchez Garza, y la representante de Morena, Elisa Catalina Villalobos, entre todos mayoría de facto) apuestan al documento que les envió Finanzas como propuesta, sin hacer modificaciones. Seguir la línea y abonar sólo una magra cantidad en 2019: 50 millones de pesos. O el equivalente a 0.1 por ciento.

CORTITA Y AL PIE

Urgen soluciones distintas. No sirve patear la lata ni estirar el chicle ni escurrir el bulto, como se ha hecho en los últimos dos sexenios para que otros, quienes vengan, quienes sean, se hagan cargo del problema diferido. Administrar la quiebra, pues. Que la bomba de tiempo explote a otro en las manos.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Sin embargo, a 24 horas de la discusión, las expectativas no son muy halagüeñas: doble contra sencillo a que ganan los bancos. Al tiempo.

@luiscarlosplata