En medio de una de las mayores crisis migratorias y diversas presiones de Estados Unidos, el gobierno de México destinó parte de los recursos de un fondo de cooperación y desarrollo para Centroamérica a medidas para contener la migración.

Información oficial obtenida por The Associated Press señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó en 2019 más de 4 millones de dólares del conocido como Fondo México para rehabilitar centros de detención migratoria y trasladar hacia el sur del país a migrantes o solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos que acabaron repatriados o, en algunos casos, abandonados a su suerte en distintos puntos del país. 

Creado por el gobierno mexicano en 2011 con el propósito de contribuir con el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe, el fondo ha financiado más de una docena de proyectos, sobre todo de infraestructura, en esas regiones.

Sin embargo, a mediados de 2019 se rediseñó para atender la crisis migratoria en México, justo unas semanas después de que el gobierno de Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México contuviera el flujo migratorio.

Después de tensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo mediante el cual México esquivó los aranceles y se comprometió a desplegar a miles de efectivos de la recién creada Guardia Nacional y permitir a solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecer en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados. 

Lo que no se supo entonces es que los objetivos del Fondo México también fueron modificados para dedicar recursos al tema migratorio, lo que para analistas y expertos es una clara distorsión de sus objetivos para cumplir con las exigencias del gobierno de Donald Trump.

AP solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un comentario sobre las razones para el rediseño del fondo y si se debía a exigencias estadounidenses. La Cancillería no contestó directamente y se limitó a enumerar las mejoras realizadas en albergues y centros de detención. 

Tonatiuh Guillén, el primer responsable de migración del gobierno de López Obrador y quien dimitió durante la mencionada crisis de la primavera de 2019, consideró que el rediseño del fondo fue “un giro dramático” en su concepto y su misión y retrata lo que pasó el año pasado: “una recomposición de la visión migratoria completamente dirigida a la contención que nos deja sin herramientas y sin materia para diseñar estrategias del desarrollo, que era el objetivo inicial del gobierno”.

El 24 de junio de 2019, dos semanas después del acuerdo con Washington que evitó los aranceles, el gobierno de López Obrador publicó un decreto que establecía que el fondo requería “una nueva visión que permita el mejor aprovechamiento de los recursos”.

Se autorizaba así que ese dinero se pudiera usar, entre otras cosas, para el “registro, control y seguimiento” de los flujos migratorios y el “equipamiento” de estaciones migratorias, eufemismo con el que el gobierno se refiere a los centros de detención.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que depende de la cancillería y gestiona el fondo, informó a AP que en julio del 2019 se destinaron 60 millones de pesos (unos 3.3 mdd al tipo de cambio de ese momento) para mejoras en centros de detención y albergues.

En septiembre de ese mismo año, se utilizaron otros 14 millones de pesos (poco más de 700 mil dólares) para traslados de solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos, según se desprende del cruce de datos de dos solicitudes de información.

López Obrador apostó durante su campaña por multiplicar la cooperación con América Central para que emigrar fuera una opción y no una obligación. Prometió miles de puestos de trabajo para los migrantes y en los tres primeros meses de su gobierno -que comenzó en diciembre de 2018- concedió 15 mil visas humanitarias a centroamericanos que llegaron en caravanas. 

Sin embargo, y aunque lanzó algunos programas de desarrollo, con la crisis de los aranceles y la presión de Trump, el presidente apresuró el despliegue de la Guardia Nacional para frenar los flujos irregulares, cambió al responsable de migración, militares quedaron como jefes de esa agencia en algunos estados y se multiplicaron las redadas, las detenciones y las deportaciones. 

Quizá uno de los cambios más radicales fue aceptar que más de 60 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos fueran devueltos por la frontera norte mexicana para que esperaran su proceso en territorios controlados por los cárteles, multiplicando la vulnerabilidad de esas personas y violando, según las ONG, derechos básicos de las convenciones internacionales. 

El gobierno federal no ha proporcionado información clara sobre cuántas de esas personas fueron trasladadas al interior o el sur del país, pero la cancillería señaló hace meses que más de la mitad habían decidido volver a sus países.

Las autoridades aseguran que las mejoras en los centros redundaron en una mejora para los migrantes e insisten en que los traslados son “voluntarios”. Sin embargo, Maureen Meyer vicepresidenta y directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), aseguró -y AP lo constató en visitas a la frontera en 2019- que estaban “invitando a la gente a autodeportarse” sin la información necesaria y sin explicarles las repercusiones de una decisión que les puede impedir seguir con su proceso de asilo en Estados Unidos o México. 

“El hecho de que el gobierno mexicano desviara los fondos designados para enfrentar los factores económicos que impulsan la migración a Estados Unidos al traslado de los solicitantes de asilo del norte al sur de México y a mejorar las condiciones en los centros de detención es una señal clara de cómo la administración de López Obrador cambió sus prioridades migratorias en respuesta a las demandas del gobierno de Trump”, denunció Meyer.