CDMX.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, se negó a declarar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción argumentando que tiene el derecho constitucional de guardar silencio y no ser forzado a declarar en su contra.

Aunque en una carta difundida por el área de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que el magistrado acudió esta tarde “con deseo de colaborar con la autoridad para esclarecer los hechos” ante la denuncia que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera por anomalías en sus declaraciones patrimoniales, no fue así.

Milenio confirmó con autoridades cercanas a la indagatoria, que Vargas Valdez acudió a la fiscalía tras recibir un citatorio en el que se le convocaba a rendir su declaración por la investigación en curso que indaga sus ingresos, pero se negó a hacerlo.

El magistrado presidente del máximo órgano de justicia electoral del país, se remitió al artículo 20 constitucional que indica que tiene el derecho “a guardar silencio y no podrá ser compelido a declarar en su contra”.

Acompañado de sus abogados únicamente solicitó tener acceso a la carpeta de investigación para conocer de qué se le acusa.

La Unidad de Inteligencia Financiera comenzó una investigación contra el magistrado Vargas en 2019 por anomalías en sus declaraciones patrimoniales, Milenio reveló que la investigación arrojó la compra inexplicable de cuatro inmuebles en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco que no habría podido adquirir con sus ingresos anuales de dos millones 400 mil pesos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, exhortó a Vargas a acudir ante las autoridades para esclarecer la denuncia en su contra y no limitarse a emitir comunicados, y aunque en una carta difundida hoy por parte de la oficina del magistrado presidente aseguró que tenía deseo de “aportar cualquier prueba que acredite el origen estrictamente lícito y legítimo de mi patrimonio”, esta tarde no fue así.

Aunque el magistrado Vargas ha argumentado que comparte bienes con su esposa, quien habría aportado de sus ingresos para estas adquisiciones, los números no parecieron congruentes en el sistema financiero que generó varias alertas por las adquisiciones y compras de Vargas. Además, la UIF detectó depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos de los que no existe justificación alguna pues Vargas está impedido constitucionalmente a tener ingresos adicionales a los de su labor como magistrado. En el documento difundido por la oficina de prensa del magistrado se menciona que en sus declaraciones patrimoniales “es evidente la congruencia entre sus ingresos y gastos”.

Afirmó tener la certeza de que, dentro de los cauces institucionales y conforme a derecho, se demostrará que la denuncia en su contra no tiene fundamento alguno, refiere el texto.

“Como se ha informado previamente, reiteró que las notas periodísticas que se han difundido, con el afán de dañar su reputación, confunden la evolución patrimonial durante los años en los que no era servidor público sino abogado postulante (entre 2012 y 2016), con el periodo en el que ha ejercido como Magistrado de la Sala Superior (de noviembre de 2016 a la fecha)”.

Vargas Valdez señaló que “demostrará su actuar apegado a la ley en todo momento y que su patrimonio familiar es producto del esfuerzo y el mérito profesional de dos personas que han trabajado honestamente durante más de veinte años”. Con información de Milenio y La Jornada