El nuevo presidente del Gobierno de Cataluña, el secesionista Carles Puigdemont, descartó declarar la independencia de la región del noreste de España de forma unilateral e inminente.

Así lo dijo el jueves por la noche en una entrevista en el canal catalán TV3, donde destacó que los independentistas todavía no tienen la fuerza suficiente en el Parlamento catalán para proclamar la secesión, aunque sí para iniciar el proceso.

"Es que no está previsto en nuestro compromiso electoral hacer una declaración unilateral de independencia", dijo. "Pero sí tenemos fuerza y legitimidad democrática para iniciar este trayecto", puntualizó.

El mandatario catalán, que releva en el cargo a Artur Mas, matizó que el plazo de 18 meses previsto en la "hoja de ruta" para declarar la independencia podría alargarse si así lo requiere el proceso.

"Si para hacer las cosas bien, es necesario extender los 18 meses, vamos a hacerlo. No pasa nada si se alarga unos meses más", apuntó.

Según dijo, la clave es la aprobación de una Constitución catalana que sea aceptada por los ciudadanos de la región, de 7.5 millones de habitantes. "El objetivo es que una mayoría de la gente que hubiera votado 'no' en un referéndum vote 'sí' a una Constitución con la que se pueda identificar mucho más que con la española", señaló.

Puigdemont fue investido jefe del Ejecutivo catalán el domingo, en el límite del plazo legal. Artur Mas, el hombre que impulsó el proceso independentista, tuvo que renunciar "in extremis" a seguir al frente del Gobierno al no lograr el apoyo de la CUP, partido anticapitalista que tenía la llave de su investidura.

Mas obtuvo el mayor número de votos al frente de la coalición independentista Junts pel Sí en las elecciones del 27 de septiembre, convertidas en un plebiscito sobre la secesión, pero no logró la mayoría absoluta.

La candidatura secesionista obtuvo un 47,8 por ciento del voto y 62 escaños de los 135 que tiene el Parlamento de Cataluña. La Cámara regional aprobó el pasado 9 de noviembre una resolución para iniciar el proceso hacia la independencia, que fue anulada por el Tribunal Constitucional tras haber sido impugnada por el Gobierno español de Mariano Rajoy.