BRASILIA.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió hoy que el proceso que definirá si será sometida a un juicio con vistas a su destitución concluya "lo más rápido posible", pues el país "no puede quedar esperando" por una decisión.

En una rápida rueda de prensa, Rousseff abogó porque el Congreso nacional suspenda el receso que tiene previsto entre los próximos 22 de diciembre y 2 de febrero, de modo que avance el complejo proceso para determinar si debe responder a un juicio político.

"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la mandataria, quien consideró justo y legítimo que las Cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año.

Sin embargo, apuntó que "el Congreso puede volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes".

Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados del año pasado, que según los órganos de contraloría del Estado fueron "irregulares" y continuaron en 2015, no bastan para iniciar un proceso de destitución.

De todos modos, subrayó que esas cuentas deben ser sometidas a un análisis y ser aprobadas o rechazadas por la Cámara de Diputados y el Senado, lo cual aún no ha ocurrido ni con los resultados del año pasado ni con los del actual ejercicio.

Según Rousseff, Brasil "tiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas" que deben actuar dentro del estricto marco del Estado de Derecho.

"Somos capaces de convivir democráticamente y por eso la gran importancia del Estado de Derecho y de la preservación de la más absoluta legalidad para garantizar la unidad del país", dijo.

Según la mandataria, "el país precisa de unidad, pero eso depende del respeto de la legalidad" y de que "todo este proceso sea hecho bajo la luz de la legalidad".

Rousseff conversó con periodistas tras una reunión con un grupo de unos treinta juristas con los que analizó las acusaciones en su contra y el juicio al que puede ser sometida.

Según una nota divulgada por la Presidencia, "todos" los juristas reunidos por Rousseff rechazaron su posible enjuiciamiento, ya que consideran que en la acusación "no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad".

Esa opinión es totalmente contraria a la que sostienen tanto la oposición como un grupo de abogados que han pedido procesar a la mandataria, quienes aseguran que las maniobras fiscales del Gobierno constituyen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

La apertura del proceso será decidida por una comisión especial de la Cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, que será instalada hoy mismo y tendrá un plazo mínimo de quince sesiones, aún no definidos en términos de días, para llegar a una conclusión.