El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al sector salud federal vetar a las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV ; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO, identificados como favoritos en el sexenio de Enrique Peña Nieto; dos de éstas habían tenido contratos millonarios con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila.

Los tres proveedores no podrán participar en licitaciones o adjudicaciones directas, luego de que se emitió el oficio Presidencia-009/03/20/19, en donde el titular del Ejecutivo ordenó a la Oficial Mayor de Hacienda, que de conformidad con la ley se impida la participación de dichas empresas en licitaciones o adjudicaciones directas hasta que se conozca si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias en la pasada administración.

VANGUARDIA publicó el pasado 25 de marzo que Fármacos Especializados S.A de C.V y Maypo S.A de C.V., son dos proveedores de medicamentos que han recibido contratos onerosos por la delegación del IMSS en el Estado a través de adjudicaciones directas.

En el oficio de ayer, se señala que la operación resulta “inmoral y violatorio” a la Constitución que prohíbe los monopolios.

Tras dar a conocer el oficio, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que se trata de una medida preventiva.

“Pero tampoco puedo acusar a nadie sin tener pruebas, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar que no debe de haber monopolios”, dijo.

El veto coincide con la revisión que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre presuntas irregularidades en el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos.

Hace unos días, la Autoridad Investigadora del organismo antimonopolios le entregó al pleno de la Cofece el dictamen de probable responsabilidad contra agentes del mercado. Sin embargo, el reporte aún no será público porque por ley faltan 30 días hábiles para que el pleno lo analice y se determine si se encontró o no responsabilidad de los involucrados en la investigación, por lo que todavía no se conocerá si las tres empresas vetadas por el Presidente son parte o no de la indagación.

El pasado 9 de enero de 2019, la Autoridad Investigadora de esa Comisión concluyó su procedimiento de la investigación IO-0012016, e inició la estructuración de su fallo en el que determinó si existían o no responsabilidades de los agentes económicos, de haberlas, el pleno de la Cofece determinará si procede sanción.

El oficio que envió el Ejecutivo a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, pide investigar si hubo corrupción y tráfico de influencias por parte de Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Maypo, que vendieron al ISSSTE e IMSS fármacos por 34 mil 280 millones de pesos en 2018, es decir, 62.4% de las compras de ambas.

'MEDIDA PREVENTIVA’
Tras dar a conocer el informe, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador indicó que se trata de una medida preventiva. No obstante, especialistas afirman que las distribuidoras de farmacéuticos a las que vetó el presidente Andrés Manuel López Obrador pueden solicitar un amparo, porque no merecen sanción por el simple hecho de tener gran participación en el mercado.

SIN FACULTAD DE SANCIÓN
La Cofece informó que por ley no tiene facultades “para sancionar a los distintos agentes económicos por su nivel de participación de mercado. Es decir, tener una posición dominante en algún mercado no es sancionable por la LFCE por el hecho de serlo, solamente cuando se abusa de ese poder de mercado para desplazar a competidores a través de prácticas indebidas”.

La especialista en competencia económica y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Lelo de Larrea, explicó que como en este momento no existe dictamen que señale a Grufesa, Dimesa y Mayco como culpables bien pueden ampararse, porque sólo hay una carta que pide que se investiguen.

Detalló que pueden recurrir al recurso legal porque no hay fallo que las acuse de ningún delito o, una vez que las veten, si no las dejan participar, tienen que ampararse contra el oficio del Presidente que pide abrir una investigación de sus contratos.

Señaló que si el gobierno federal realmente quiere iniciar una investigación contra estas empresas, bajo la justificación de que violan el artículo 28 de la Constitución, se tendría que pedir a la Cofece que inicie el procedimiento contra las tres firmas.

La experta explicó que el monopolio es una estructura de mercado y como tal no se puede sancionar, a menos que encuentra prácticas de manipulación de precios, segmentación de mercado o colusión, y para ello debe iniciarse una investigación que toma a la Autoridad Investigadora hasta dos años aproximadamente.

NO ES MONOPOLIO:CANIFARMA
Al respecto, el director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual, expuso que tener una participación en las compras del ISSSTE y el IMSS de 62.4% “no es monopolio. Es ilógico castigar la eficiencia de empresas, no es para castigarlas si tienen 25 o 30 años en el mercado.

Las compras consolidadas —es decir, aquellas que lanzan en conjunto dos o más instituciones del sector salud— generaron ahorros por 17 mil millones de pesos en los últimos cinco años al gobierno, abundó.

Incluso, el hecho de tener una mayor participación en el mercado “no es delito” y las empresas no han sido notificadas de que estén inhabilitadas, sino que se trata de una carta que envió el presidente López Obrador a un funcionario de tercer nivel de acuerdo con el escalafón del gobierno, porque se le pidió a la Oficial Mayor intervenir en el caso.

Las sanciones se dan cuando un agente económico, sin importar su participación de mercado “se pone de acuerdo con otro para manipular precios o segmentar el mercado para hacerse de ganancias que en competencia no lograrían”, es decir, por coludirse entre ellas.

Se defiende Grufesa

En un desplegado, Grupo Fármacos Especializados respondió al Ejecutivo que están dispuestos a colaborar con la autoridad competente para resolver cualquier cuestionamiento que se tenga en torno a ellos.