Dentro del foro “Violencia Política. Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, que organizó el Instituto Electoral de Coahuila, fue presentada ayer una guía de las acciones que las instituciones relacionadas con el tema deben realizar para proteger los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres.

Al evento asistieron Paula Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres; Alejandra Treviño Mexía, jefa de la Unidad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Federal Electoral, y Elena Treviño, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila.

Gabriela de León, consejera presidenta del IEC, señaló que la lucha de las mujeres por el reconocimiento pleno de sus derechos políticos apenas empieza.

“Aún nos encontramos con diversos obstáculos que es necesario que todos y todas contribuyamos a erradicar y uno de ellos es el que hoy nos ocupa, la violencia política contra las mujeres”, expresó.

El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, presentado ayer, fue elaborado por el INE, el TEPJF, el INM, entre otras instituciones.

Soto Maldonado dijo que el mal llamado caso de las “Juanitas” es un caso emblemático de la violencia política de género que se ejerce en contra de la participación política de las mujeres.

“Qué cuáles son las más recurrentes, pues las más recurrentes, pues hay de todas, desde la propaganda política, la crítica por la calificación a una mujer como se dio en Monterrey contra una mujer a la que calificaron como ‘Barbie’; o en un estado como Tabasco, en donde dijeron de una candidata ‘no voten por esta pinche negra’”, expresó.

Advirtió que en cuanto más se avanza en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el marco normativo, más casos de violencia política están evidenciando.

Afirmó que ya se han resuelto casos por la Sala Superior donde se ha considerado acreditada la violencia.

Por su parte, Treviño Mexía dijo que existen resoluciones y varios casos resueltos por la Sala Superior del Trife donde se ha acreditado la violencia política contra una mujer.

Se refirió al caso de Rosa Pérez en el que el Trife resolvió a través de la Sala Superior su reinstalación en el cargo de alcaldesa del municipio de Okochuct, Chiapas.

“La violencia en el ámbito político existe en el país, lo que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho humano de las mujeres de ejercer el voto o de ser electas para ocupar un cargo de elección popular y ejercerlo en plena libertad”, externó.

Recalcó que Baja California, Campeche Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Veracruz ya tienen contemplada la violencia política en sus leyes locales.

Entérese
> La violencia política contra las mujeres son las acciones u omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el recnocimiento, goce, y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
> En el proceso electoral 2014-2015 en México, en Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán hubo casos de asesinato, violencia psicológica y física, desaparición, ataques con armas de fuego contra mujeres candidatas o contra sus familiares.
> En Latinoamérica, sólo Bolivia cuenta con una ley específica que contempla la violencia política contra las mujeres. En México, Costa Rica, Ecuador Perú, se han presentado iniciativas.