La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadime Gasman, afirmó que se asume como un problema de Estado la prevención, sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas y colocar al máximo nivel de decisión esta responsabilidad.

Al explicar el Plan de Acciones Emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México, señaló que estas labores se enmarcan en la situación de emergencia que vive el país en materia de seguridad, donde las mujeres son vulnerables y el compromiso del gobierno es cambiar la situación.

En la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria indicó que estas acciones no sustituyen las obligaciones legales que el gobierno tiene en materia de violencia contra las mujeres, toda vez que se trata de medidas emergentes para enfrentar la violencia femenicida.

Adelantó sin embargo que se presentará un paquete de reformas legales para fortalecer la estrategia y prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, entre las que se incluyen modificaciones integrales a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, abundó, reformas para fortalecer la supervisión de las escuelas y del sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia, y para establecer sanciones a servidores públicos que sean omisos o negligentes en sus funciones.

Dio a conocer que la realización de cada una de las acciones del Plan será a través de los sistemas y mecanismos ya creados como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de Seguridad y Procuración de justicia, y los sistemas nacionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las víctimas.

Resaltó que algunas de las acciones se empezarán a realizar de manera inmediata y otras, dada su complejidad, se harán en un plazo aproximado de seis meses, mediante el desarrollo de una política integral y coherente que ponga en el centro las necesidades de las mujeres y recupere la rectoría del Estado.

Entre las acciones en términos de prevención, mencionó las coordinadas en zonas prioritarias entre las instituciones de seguridad, fiscalías estatales, municipales y mecanismos de igualdad de género para resguardar espacios públicos, dar seguimiento de la incidencia delictiva y hechos de violencia contra mujeres y niñas focalizándose en desapariciones, violencia sexual y familiar, y femenicidios.

Señaló que se establecerán mecanismos de coordinación con gobiernos municipales y estatales para dar seguimiento, atención y búsqueda al primer aviso de desaparición de niños y niñas que hacen los familiares.

La funcionaria destacó que se fortalecerá la coordinación y la colaboración entre las corporaciones de policía, sistemas de atención a víctimas, fiscalías y autoridades judiciales, así como del personal de Salud, para ofrecer atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia, con sensibilidad y calidad, garantizando la protección debida.

Además, apuntó, se busca establecer un mecanismo sistematizado para recuperar periódicamente la información de caso de violencia de niños, con énfasis en la viculación de los servicios de salud con los educativos.

Nadime Gasman indicó que también se implementarán campañas permanentes sobre el derecho a una vida libre de violencia y se establecerán auditorías de los casos de feminicidio, violencia familiar y desapariciones para identificar las líneas de investigación.

Se propone además integrar un padrón de las víctimas indirectas, especialmente las hijas e hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidas, a fin de dar atención y acompañamiento, pero también reportar periódicamente los avances de todas estas acciones, agregó.

Destinarán recursos federales para impulsar acciones contra la violencia

El gobierno federal destinará recursos, junto con estados y municipios, con la finalidad de construir más refugios para mujeres víctimas de violencia, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al afirmar que estos espacios permanecerán, ya que son necesarios.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que son pocos refugios en el país, sólo 70, y de ellos sólo 20 reúnen las características y la política pública de excelencia para dar servicio, por lo que se promoverá la creación de más espacios de este tipo en los municipios.

Sánchez Cordero destacó no sólo el hecho de que se mantengan estos espacios, "sino que se promueva la creación de los refugios a nivel municipal y que se cuente con las suficientes políticas públicas para poder atender el tema de la violencia contra las mujeres, que es sumamente importante y prioritario para este gobierno".

Detalló que con la estrategia que se presentó se busca revertir la violencia que sufren las mujeres en el ámbito familiar, la agresión sexual, y los feminicidios, "y estos tipos de violencia que sufren 66 de cada 100 mujeres en nuestro país".

Este es un plan de intervención en donde se incluye la participación de los tres ordenes de gobierno y de distintas autoridades en diferentes ámbitos que actuarán de manera coordinada e inmediata contra estos casos, dijo.

Reconoció que "la grave crisis de derechos humanos por las que ha atravesado nuestro país ha afectado en mayor medida y fuerza a las niñas y a las mujeres, pues en los últimos años tanto la violencia común como la ejercida por la delincuencia organizada se ha ensañado en contra de ellas".

Precisó que en 17 estados se ha declarado ya la alerta de violencia de género, "la emergencia nos merece una intervención decidida, pronta y coordinada de manera inmediata".

Enfatizó que ante este panorama no es posible continuar "normalizando la violencia contra las mujeres, no podemos aceptar ni como gobierno ni como sociedad que las cifras de, por ejemplo, feminicidio infantil, hayan aumentado".

En otro tema consideró que se ha llegado a confundir por parte de algunas organizaciones "de provida" el tema respecto a otras organizaciones a las que denominan "proaborto", lo cual es absolutamente erróneo.

Ya que lo que se busca "es no criminalizar a una mujer", lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad; se intenta que esto no sea un tipo de revictimización a la mujer y, por supuesto, evitar una política altamente discriminatoria.

La funcionaria sostuvo: "Yo he tenido esta posición desde hace muchísimos años, porque yo no podría ver criminalizando a una mujer por una situación de esta naturaleza".