Monterrey, Nuevo León.- En medio de la polémica por la multa que el INE busca imponer a su marido, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, la influencer, Mariana Rodríguez presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violencia política de género.

La Unidad de Fiscalización del INE pretende una multa de 55 millones de pesos contra García por las “stories” que su esposa compartió en su Instagram en la pasada campaña electoral, y que según el órgano electoral tienen un precio de 27.8 millones de pesos que deberían sumarse a los gastos de campaña del emecista.

Rodríguez consideró que esta acción pretende cuantificar y ponerle precio al apoyo que le brindó a su marido.

“Dicha determinación violenta mis derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos políticos electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales, en los que México es parte”, señaló en la queja Rodríguez.

Precisó que al respecto el estado se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Indicó que tras la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en junio del 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México adquirieron rango constitucional.

En la queja también se argumenta que México está suscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mismo que pretende asegurar las condiciones generales de igualdad.

“En ese contexto, la difusión de las publicaciones denunciadas, fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno mucho menos se tuvo que pagar para subirlas en algún sitio”, estableció.

Subrayó que la resolución sostiene que su participación libre y voluntaria como parte del apoyo moral a su marido implica una aportación en especie en campaña.

“Sin prueba alguna transgrede mis derechos humanos, imposibilitándome ejercer de manera libre mi libertad de expresión”, expuso.