CDMX.- La construcción del aeropuerto de Texcoco no contaba con un proyecto financiero bien definido ni con un presupuesto multianual, lo que afectaron la rentabilidad y el costo-beneficio del mismo, por lo que esta obra representaba una “irresponsabilidad fiscal”, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Además, el inicio de su construcción pudo significar un probable daño patrimonial al Estado por 6 mil millones de pesos.

El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer un documento en el que se detallan las “razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco”.

El análisis menciona que pese a la magnitud de la obra, nunca estuvo considerada en los instrumentos de planeación oficiales, como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ni el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, donde se dice que el aeropuerto se encuentra en evaluación y, en caso de que sea factible su realización, la inversión estimada sería de 120 mil millones de pesos, entre recursos públicos y privados.

El plan maestro del aeropuerto se modificó aumentando el tamaño de la terminal de pasajeros, la torre de control y la terminal de carga, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por lo que el costo inicial pasó de 169 mil millones de pesos a 305 mil millones en 2018, aunque se manejaba el mismo presupuesto en dólares.

La SCT expuso que conforme a los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la SHCP, la evaluación socioeconómica de los proyectos se debe actualizar cada vez que: el monto de inversión varíe más de 10%, las metas físicas presenten modificaciones superiores a 25%, la entrada en operación del proyecto se difiera más de tres años, y cambie en el tipo de inversión, fuente o esquema de financiamiento.

“El proyecto incurrió en las cuatro condiciones anteriores, por lo que se debió actualizar imperativamente el análisis costo-beneficio, lo que nunca aconteció, violando la normatividad en esta materia”, destacó.

Por lo tanto, Hacienda debió suspender el proyecto dos o tres años antes de 2018, por las desviaciones de costos y del tiempo de ejecución.

Al no tener  autorización ni reevaluación del proyecto por parte de Hacienda, fueron invertidos recursos provenientes de financiamiento privado, con garantías  públicas.