Armando Guadiana Tijerina, quien busca la gubernatura en el estado de Coahuila, presentó ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, denuncia de hechos por delitos de Lesa Humanidad en contra del Gobierno del Estado de Coahuila, por la masacre en Allende y en el Penal de Piedras Negras.

La denuncia se centra en la falta de acciones por parte del Gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila; así como las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día, esto aunado a que algunas de las víctimas -según lo han reconocido las autoridades- fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras en donde fueron torturadas y asesinadas.

En la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable -aseveró Guadiana- que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas.

Es relevante destacar que en el Penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación del Estado de Coahuila.

El empresario recalcó que "el actuar de las autoridades coahuilenses fue irresponsable, fue clara su complicidad en tales hechos, tan es así que la misma autoridad del Estado, quien encarceló a parte de las victimas en el Penal de Piedras Negras, nada hizo para defenderlas por su detención en el Municipio de Allende, en consecuencia dicha autoridad debe responder por estos hechos tan lamentables"

Vemos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional para que estos crímenes no queden sin castigo, resulta penoso que el Gobierno de Coahuila no sea capaz de realizar una investigación imparcial y profesional que lleve a los responsables a un castigo.

A toda costa el Gobierno de Coahuila ha querido librarse de la responsabilidad, puesto que a ningún funcionario público de nivel medio o superior ha sido llamado a cuentas. Si queremos lograr un cambio en nuestro País, debemos comenzar a exigir justicia contra quienes han agraviado a nuestra sociedad, sea cual sea su nivel de poder.

Pedimos que la investigación no se limite sólo a Coahuila, sino a cualquier nivel de Gobierno tanto Municipal  y Federal, por toda acción y omisión que haya permitido esta lamentable masacre.